Una iniciativa del bloque Cambiemos en el Concejo apunta a “la necesidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública a los ciudadanos de Concepción del Uruguay”. El proyecto abre una discusión profunda y de larga data.
El proyecto considera, entre otras cuestiones que “el acceso a la información pública es el derecho que posee toda persona para solicitar información que se encuentra en manos del Estado”, a lo que agrega una referencia la Constitución Nacional que garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno.
El fondo de la cuestión, no obstante, apunta al hecho que la comuna conserva “datos que son de interés común y de gran relevancia para la vida de las personas”, en los que menciona “información inherente a salud, educación, seguridad, medio ambiente y justicia, entre otras.
Pero también menciona que “el derecho a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se enmarca en un escenario colectivo como mecanismo de control frente a autoridades públicas en el respeto del principio de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Además se inscribe en el ámbito de los derechos individuales, como un derecho humano esencial nacido como consecuencia de la libertad de expresión y permitiendo el ejercicio de otras garantías constitucionales”.
El proyecto hace hincapié que “el Estado debe llevar adelante medidas y sostenerlas tanto material como políticamente. En éste sentido debe generar una política activa de provisión de información, lo cual implica imprimir un cambio cultural dentro de la administración, por medio de campañas de concientización y difusión. Asimismo, será necesario capacitar a funcionarios para proveer información y a los ciudadanos, en como solicitarla”.
“En segundo término, es necesario que el estado adecue el régimen legal, empezando por el reconocimiento legal del derecho de acceso a la información y continuando por la garantía de procedimiento que otorguen reglas y procedimientos claros y sencillos”. Finalmente, “debe implementar y proveer recursos efectivos que privilegien el derecho de acceso a la información como una herramienta para el desarrollo de un buen gobierno”.
Un apartado importante de la iniciativa es el que menciona los plazos para que el Estado deba proveerla. “No puede ser mayor de diez días hábiles”, expresa.
Normas que no se cumplen
En términos de información el departamento Ejecutivo actual, como ocurrió también en el pasado, fue advertido por la oposición sobre demoras que impiden ejercer funciones a los órganos de contralor. El caso más claro es el del Concejo Deliberante, donde los balances mensuales, por ejemplo suelen llegar muy a destiempo, lo que dificulta el seguimiento de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma.
El otro caso, ligado a éste, es al momento de la presentación del Presupuesto municipal, como ha ocurrido en estas semanas. Los bloques de ediles que conforman la oposición, insisten que la información que acompaña el proyecto del Ejecutivo es excesivamente escasa. A eso se suma una práctica que se ha convertido ya en costumbre, relacionada a que todo se debate en comisiones, por lo cual en la sesiones que son de carácter público, los vecinos no tienen la posibilidad de escuchar las diferentes posturas.