El juez de Garantías David Mancinelli pidió la prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace casi un mes en la ciudad de Villa Gesell. Ayer hubo una audiencia clave en la que los acusados dijeron ser inocentes y aseguraron tener «miedo» a la cárcel.
Mancinelli consideró que el crimen fue cometido con «premeditación y alevosía» aunque «no pudo probarse el placer», informaron fuentes judiciales.
De todas maneras, la calificación por homicidio agravado enfrenta a los rugbiers a una eventual condena a prisión perpetua en caso de ser hallados culpables en un juicio.
Se trata de Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19), acusados de ser «coautores» del crimen; y Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20), considerados por la fiscal como «participes necesarios».
Sólo uno de los acusados, Cinalli, hizo ayer uso de la palabra cuando el juez se los ofreció y esa oportunidad dijo: «Ninguno de nosotros quería que pase lo que pasó».
La fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, acusó a los rugbiers de asesinar a golpes y patadas a Báez Sosa la madrugada del 18 de enero último en la puerta del boliche Le Brique. Allí, previamente, habían tenido un altercado que motivó sus expulsiones del local.
Para Zamboni, se trata de un «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas». El juez, en tanto, sumó el agravante de la «alevosía».
En tanto, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, pidió que en caso de confirmarse la prisión preventiva para todos o algunos de ellos, puedan cumplirla de manera morigerada, bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico. Uno de los argumentos de la defensa fue que estarían más seguros en sus casas que en un penal por la «presión mediática» que hay sobre el caso.
Los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, también manifestaron su disconformidad con la libertad que la fiscal les otorgó el lunes por falta de pruebas a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20). De esta manera pidieron que vuelvan a prisión. Además, para Fernando Burlando y Fabián Améndola, los diez acusados tuvieron una «coautoría funcional» en el hecho.
Al finalizar la audiencia, el defensor de los rugbiers presentó una denuncia penal contra la fiscal Zamboni, sus secretarios y contra la defensora oficial que intervino en las primeras horas de la investigación. La denuncia está caratulada por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tal como había adelantado en la audiencia, Tomei pidió además la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias. Esta presentación fue remitida por el juez al fiscal General de Dolores, Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.