Debate : Números y datos sobre el aborto

El debate sobre el aborto en Argentina ha encontrado su punto más álgido en los tiempos que corren. Muchas son las corrientes pro y contra en este tema. Diversos son los lugares por los que puede ser analizado el tema, pero es muy importante tener en cuenta que la discusión debería recorrer el terreno de la legalidad o ilegalidad. Muchas veces la discusión se complejiza con cuestiones relacionadas a las costumbres de determinados grupos sociales y por sobre todas las cosas a la singularidad de una sola persona y su experiencia en el tema. Por todo esto, esta nota tiene como objetivo brindar información sobre datos concretos de la realidad actual sobre el aborto en Argentina y en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2010 y 2014 se produjeron anualmente 56 millones de abortos provocados en todo el mundo. Esta cifra incluye los abortos seguros y los peligrosos. Según la OMS, un aborto peligroso es aquel que “se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias”. Este dato nos conduce a observar que se produjeron 35 abortos provocados por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad. Además el 25%, es decir uno de cada 4 embarazos acabó en un aborto provocado. Continuando con los datos de la OMS se calcula que cada año se realizan 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, casi todos ellos en países en desarrollo. Este podría ser un comienzo para describir el escenario a nivel mundial en relación al aborto. Ahora bien, deberíamos empezar a pensar cuales son las consecuencias de este hecho que sucede, independientemente de que nos guste o no, sucede. La principal consecuencia de un aborto peligroso es la muerte de la madre. Se calcula que en 2008 se produjeron 47.000 defunciones a causa de abortos peligrosos. Dos tercios de esas defunciones se produjeron en África, lo cual no sorprende por la tremenda desigualdad de ese continente y las condiciones en las que vive la mayoría de su población. Este es un aspecto particularmente importante. La legislación debe contemplar la realidad, o bien una interpretación lo más adecuada posible de las circunstancias en las que vive la población sobre la que será aplicada ese conjunto de normativas. Cuando el tema se encuentra en el marco de la ilegalidad se generan serias dificultades para obtener datos confiables. Esa es una limitación que se presenta hoy al hablar del aborto. Si bien los trabajos de investigación son muy variados en relación al volumen de datos y a la confiabilidad metodológica, el mayor limitante se produce debido a la clandestinidad en la que se lleva a cabo el aborto hoy en Argentina y muchos lugares del mundo. Una consecuencia positiva de sacar de la ilegalidad esta práctica sería contar con información confiable para establecer el escenario en que se encuentran las personas que deciden abortar. De esta manera, se aumentaría la probabilidad de éxito de distintas políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Cuando hablamos de calidad de vida relacionada al aborto deberíamos pensar en las consecuencias tanto biológicas como psicológicas que sufre una mujer en situación de abortar. Por otro lado, si esto ocurriera en el marco de la legalidad se encontraría un momento más en el cual se puede asesorar a la mujer sobre el abanico de posibilidades y poder brindarle la contención necesaria. De esa manera las mujeres por abortar se encontrarían en una mejor situación para la toma de decisiones.

 

Según datos de la OMS cada año ingresan a hospitales unas 5 millones de mujeres como consecuencia de un aborto peligroso y más de 3 millones de mujeres que han sufrido complicaciones a raíz de un aborto peligroso no reciben atención médica. Este dato, más allá de lo injusto, nos puede servir para estimar el costo que le genera al sistema de salud, sea público o privado, que el aborto siga en el terreno de la clandestinidad. Se estima que el costo anual por tratamientos de complicaciones por abortos peligrosos asciende a $680 millones. Podríamos pensar que si esos valores se aplicarán a prácticas médicas con profesionales capacitados en ámbitos seguros y adecuados, los valores se reducirían drásticamente permitiendo derivar recursos a intervenciones de educación sexual y profilaxis. Según la OMS “casi todas las defunciones y discapacidades derivadas del aborto se podrían prevenir mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, el acceso a servicios de aborto seguro provocado, y la atención oportuna de las complicaciones”. La desigualdad en las condiciones de vida es una variable importante a tener en cuenta al hablar sobre esta cuestión, como sobre muchas otras también. La mortalidad de las mujeres que abortan es una de las cuestiones puntuales a discutir. Y no es casualidad que nos encontremos ante estas dos variables fuertemente asociadas, desigualdad y mortalidad. Los datos a nivel mundial nos muestran que en las regiones desarrolladas cada 100 mil abortos mueren 30 mujeres, mientras que este número asciende a 220 en países en desarrollo y a 520 mujeres cada 100 mil abortos en África. Es decir que la cantidad de mujeres que mueren tiene una relación directa con el desarrollo, fundamentalmente económico, de las poblaciones. Si llevamos estos números a una muestra más acotada, por ejemplo un país, podremos notar que en las poblaciones de menores recursos económicos mueren más mujeres que en los núcleos de mayor poder adquisitivo. Es decir, en este punto no estamos discutiendo si está bien o no abortar. Como se dijo en la nota anterior, le guste a quien le guste el aborto existe, abortan quienes tienen dinero y también lo hacen quienes no. Naturalmente los métodos a los que tienen acceso unas y otras son muy distintos, y consecuentemente la mortalidad también. En argentina se calculan entre 370.000 y 522.000 abortos por año, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, 53.000 internaciones por año se registran en hospitales públicos de todo el país como consecuencia del aborto.