La Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular las prórrogas de las prisiones preventivas que había dispuesto el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en relación a tres imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército, informaron fuentes judiciales.
Los jueces de la Sala II del máximo tribunal penal del país decidieron, por mayoría, que a cada uno de los acusados se les dictara «una medida restrictiva morigerada de control cautelar respecto del encausado, a efectos de asegurar la futura audiencia de juicio», distinta de la prórroga de la prisión preventiva.
Los fallos benefician al enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV, Adalberto Osvaldo Bonini, que actuó en el centro de detención «La Escuelita», y a quienes fueron jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, Ricardo Claudio Gandolfo y José Antonio Maidana.
Los fallos fueron alcanzados con los votos de una mayoría integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques, mientras que en las tres resoluciones el juez Alejandro Slokar votó en disidencia.
Si bien Bonini y Gandolfo ya se encontraban en prisión domiciliaria, el voto mayoritario ordenó disponer «una medida restrictiva morigerada de control cautelar respecto del encausado, a efectos de asegurar la futura audiencia de juicio», lo que se traduciría en la libertad de los imputados, según indicaron a Télam fuentes judiciales.
Respecto de Maidana, que se encuentra alojado en la Unidad 1 de Córdoba, el voto mayoritario reenvió la causa al tribunal y se dispondría su arresto domiciliario, explicaron las mismas fuentes.
En ninguno de los tres fallos se invocaron cuestiones de riesgos de salud en el marco de la pandemia de coronavirus, sino que fue ponderado el «tiempo de detención» que lleva cada uno de los imputados sin que se hayan concluido los procesos en su contra y las prórrogas anteriormente dispuestas, según pudo constatar Télam.
En los votos en disidencia, el juez Slokar sostuvo que «pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación» por lo que entendió que correspondía mantener la prisión preventiva de los acusados.