Denuncia Federal por la presunta mesa de dinero

La denuncia periodística sobre la existencia de una mesa de dinero en el ámbito del Senado, que funcionó entre 2012 y 2014, llegó a la Justicia Federal tras una presentación de los abogados paranaenses Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

El fiscal federal de Paraná, Mario Silva, recibió en el día de ayer una denuncia penal tras la investigación publicada por la revista Análisis, donde “se precipitarían conductas que podrían encuadrarse como violatorias de la Ley Penal Cambiaria, y también otras que, aún siendo delitos propios de la justicia penal ordinaria, quedarían atraídos por el fuero federal ante la comisión de hechos específicamente delegados a la competencia federal en razón de la materia” señalaron los abogados Pagliotto y Mulet que, observaron que los hechos denunciados “deberían ser investigados `de oficio’ por quienes se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, anoticiados de hechos que pudieran encuadrar en algún tipo penal”.

La denuncia
“En virtud de la nota periodística editada en el quincenario Análisis (…) en la que se describen mecanismos vinculados a operatorias de compra y venta de divisas y depósitos a plazo con rendimientos de intereses en el ámbito del H. Senado de la Provincia de Entre Ríos, entre los años 2012/2014 y en la que aparecen –según la especie- involucrados funcionarios de la gestión gubernamental 2011/2015, resultando la actividad cambiaria y financiera llevada delante de modo clandestino y sin las autorizaciones impuestas por las normativas vigentes”, señala la denuncia. La existencia de una presunta mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales, mereció una presentación en la Justicia Federal por parte de los letrados Pagliotto y Mulet.

Información ampliada
Este martes los letrados ampliarán la prueba y solicitarán que comparezca en calidad de testigo el exvicegobernador, José Cáceres, quien era presidente de la Cámara Alta en los años en que funcionó la mesa de dinero. Asimismo, pedirán que se soliciten las capturas de imágenes tomadas por el sistema de cámaras de seguridad que funcionaban en el Senado, entre enero 2012 y diciembre de 2014.