La denuncia fue presentada el miércoles al mediodía y lleva la firma del diputado provincial, Nicolás Mattiauda y el concejal de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi, con el patrocinio del abogado, Osvaldo Fernández.
La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y el Secretario de Desarrollo Social de esta ciudad, Roberto Piaggio, fueron denunciados penalmente por supuestos delitos en la ejecución del “Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”, ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional».
La denuncia a la que accedió R2820 señala que “en particular, se solicita que se investigue la actuación de la Ministra de Salud de Entre Ríos – Lic. Sonia Velázquez –, por ser la máxima responsable del área de Salud, y por ende de la administración de las distintas vacunas en el territorio de la Provincia, y del Presidente Municipal de la Ciudad de Gualeguaychú – Dr. Martín Esteban Piaggio – y del Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú– Dr. Martín Roberto Piaggio, por su responsabilidad en la ejecución descentralizada del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid 19 en la ciudad de Gualeguaychú, según instrucciones emanadas del Ministerio de Salud de la Provincia y del Hospital Regional “Centenario”, todo ello –como está dicho- acorde a normas y directivas federales. Como así también de todos aquellos que, en su carácter de funcionarios, agentes públicos o particulares, puedan haber incurrido en estos hechos en conductas tipificadas en la normativa penal argentina, a los efectos de determinar su responsabilidad”.
Los funcionarios solicitan la intervención de la Justicia Federal “por entender que se lesionan intereses del Estado nacional, que ha diseñado un Plan rector de vacunación, adquiriendo vacunas de forma exclusiva, con fondos del Presupuesto Nacional, otorgando instrucciones expresas, determinando grupos prioritarios en función de sus específicas condiciones, que debían ser receptadas por las distintas Provincias para su aplicación, con la finalidad de que se requieran y analicen los listados de vacunados en cuestión, a efectos de determinar si hubo una administración, distribución y aplicación irregular de las vacunas contra el Covid-19 en la Provincia de Entre Ríos, que pueda traducirse en una afectación de bienes jurídicos protegidos por legislación penal, y que en consecuencia, harían pasibles a sus autores, coautores o partícipes de las sanciones previstas en la normativa de fondo, ya sea que se trate de funcionarios, empleados públicos, o particulares – que en carácter de allegados, familiares o militantes – hubiesen obtenido privilegios por sobre el resto de los habitantes, en detrimento de la salud pública de la comunidad en general”.