En audiencia pública presidida por el Juez de Garantías Gustavo Díaz, la fiscal Albertina Chichi solicitó la prisión preventiva por el término de 90 días para la pareja, Héctor González (40 años) y Patricia Méndez (33 años), acusados del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fragmentada para el consumo, que prevé según la ley N° 23737 una pena mínima de cuatro años de prisión efectiva, en calidad de coautores (art. 45 del CP).
En su fundamento, la fiscal señaló la investigación fue iniciada entre el 2 y el 3 de julio de este año, mediante el cual personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental Uruguay y de la Prefectura Naval Argentina lograron un registro fotográfico de la venta directa al público de estupefacientes (narcomenudeo). En él se capturaron imágenes de personas que se acercaban al domicilio de una pareja domiciliada en el ex Fapu, quienes al salir de la precaria vivienda manipulaban pequeños envoltorios que tenían entre sus manos. Asimismo, se tomaron fotografías de la pareja en el momento justo que se producían los intercambios de la venta propiamente dicha.
A esto, se sumó el allanamiento efectuado el viernes pasado- por orden del Juez Díaz- en el cual se logró secuestrar material de interés para la causa: plantas de cannabis, cocaína, marihuana, hojillas para armar cigarrillos, dinero en efectivo, cartuchería, un celular (perteneciente a la imputada), un motocarro, entre otros. Por otro lado, se logró la detención de los ahora imputados en razón de las pruebas obtenidas previamente.
Por último, mencionó que se encontraban presentes los riesgos procesales de la investigación, esto es el peligro de fuga y entorpecimiento de la causa, en la cual destacó que en relación al primero González cuenta con antecedentes penales computables que datan del año 2013- una condena de tres años de prisión efectiva por los delitos relacionados a la tenencia de arma de guerra sin autorización, amenazas calificadas, disparos de arma de fuego, y resistencia a la autoridad- y una causa penal en trámite. En cuanto a la mujer- quien no tiene antecedentes penales-, Chichi mencionó que no tiene trabajo estable y estaba al cuidado de sus hijos, los cuales no se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento, esto no le impidió cometer el delito imputado. En cuanto al fundamento brindado por el entorpecimiento de la causa, dijo que aún resta producir las pruebas testimoniales, como así el relevamiento de contactos del teléfono secuestrado que la acerquen a nuevos testimonios relacionados a la causa.
Por su parte la defensa de ambos ejercida por el abogado particular Eduardo Sánchez, no hizo oposición frente al planteo formulado por la fiscal. Sin embargo, le solicitó al juez la el cumplimiento de la prisión preventiva de Méndez en un domicilio particular- diferente en el cual ahora habitaba-, con tobillera electrónica y bajo en cuidado de un/a cuidador/a, ya que se trata de una mujer al cuidado de sus dos hijos menores de edad.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días para ambos imputados. Al mismo tiempo, hizo saber el estado de sospecha que recae sobre ellos a pesar de que la investigación recién inicia- independientemente de las pruebas que restan producir-, en los cuales indicaría la participación de ambos imputados en la comercialización de estupefacientes.
En este sentido, González quedará alojado en Comisaría Primera hasta lograr cupo en una unidad penal de la provincia, y Méndez cumplirá la medida cautelar en Comisaría del Menor y la Mujer de nuestra ciudad. Por otro lado, Díaz hizo saber en su resolución que en caso de que la defensa lograra proponer un domicilio y una figura de cuidador/a idóneos, se podría evaluar la morigeración del cumplimiento de la prisión preventiva para el caso de la mujer.