Mediante la Ley Nº 10.015, en el año 2011 se creó en Entre Ríos el «Registro de Defensa de la Integridad Sexual». Fue pensado como un banco de datos sobre la identidad, características físicas y genéticas, fotografía, condena recibida y antecedentes penales, y muestras de ADN de las personas condenadas por delitos contra la identidad sexual. Toda esta información debería encontrarse en un portal de internet para ser consultado públicamente. Sin embargo, la ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, por lo cual carece de aplicación. Así lo marcó Juan Carlos Arralde, ex convencional constituyente de la provincia, quien consideró que «El de Micaela García se trató de un crimen evitable, si el sistema, la prevención y las responsabilidades institucionales hubieran estado activas para que estos horrores no sucedan».
Una herramienta inutilizada
El Registro establecido por esta ley resulta de suma importancia, no sólo para que la sociedad pueda estar alerta informándose abiertamente, sino también para que la información pueda ser empleada para las actuaciones policiales. Así lo establece la norma, según la cual los datos del Registro “serán comunicados a las Policías de la Provincia de Entre Ríos, quienes deberán instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales”. Pero la ley va más allá, dado que establece que la autoridad de aplicación debe notificar permanentemente sobre los datos actualizados a las autoridades municipales, escolares, entidades vecinales y organizaciones sociales.
Juicio político contra Rossi
Ingresó formalmente el pedido de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos. El jury es solicitado por el senador Nicolás Mattiauda en contra del juez de ejecución de penas Carlos Rossi, quien otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, acusado por el asesinato de Micaela García.