El senador provincial puntano Ariel Rosendo (PJ) no asistió ayer a la declaración indagatoria que debía prestar por la presunta comisión de varios delitos y recusó al juez penal de la ciudad de Villa Mercedes, Leandro Estrada, por «adelantar opinión».
Así lo confirmó a Télam el juez Estrada, quien además adelantó que rechazó la recusación y según «lo que determine la Cámara» de apelaciones podría volver a citarlo para el próximo lunes.
El legislador debía presentarse a declarar acusado de robo doblemente calificado, en poblado y en banda, en perjuicio del gremio SMATA y de Ivana Beatriz Massimino, su ex pareja; por desobediencia a una orden judicial de acercamiento y violación de las medidas de aislamiento social por el coronavirus.
La abogada defensora de la expareja del legislador acusado, Leticia Latini, dijo a Télam que si Rosendo «fuera un ciudadano común, la justicia debería haberlo detenido y conducido a declarar como estaba previsto, y sin embargo sus fueros no lo permitieron hoy».
«Esperábamos que como hombre público diera el ejemplo y cumpliera con la ley, y en su lugar lo que obtuvimos fue un pedido de recusación hacia el juez que ha actuado en toda la causa con normalidad, asegurándole su derecho a defensa en todo el proceso», añadió.
«El abogado defensor del senador pudo haber presentado la recusación durante la causa y no lo hizo, lo hace ahora con muy poco tiempo para que el juez resuelva y esto no permitió que se lo indagara», amplió.
Latini dijo además que «los senadores provinciales le negaron el desafuero porque entendían que se iba a justar a derecho según su propia palabra, sin embargo lo ocurrido hoy nos demuestra lo contrario».
El juez Estrada había pedido el desafuero de Rosendo a la Cámara de Senadores de San Luis, para su indagatoria y su detención, pero el cuerpo legislativo lo negó por entender que «no constituye condición sine qua non para proceder al llamado a indagatoria y prosecución de la causa hasta su total conclusión».
El pronunciamiento de los legisladores provocó la crítica y el rechazo de organizaciones feministas y partidos políticos, que vieron una actitud de «encubrimiento» del denunciado, acusado de robar en la vivienda donde vive su ex pareja, quien el año pasado lo denunció por violencia de género.
Como consecuencia de la decisión del Senado el juez no pudo ordenar su detención para que comparezca, y ahora se «deberá esperar la decisión de la Cámara que tratará la recusación interpuesta por el legislador», aclaró la abogada.