La funcionaria provincial Alicia Feltes y el empresario de la construcción Miguel Marizza fueron citados a designar abogado defensor en el marco de la causa donde se investigan sobreprecios en las contrataciones para el encuentro de presidentes latinoamericanos.
Luego de los allanamientos realizados hace dos semanas, el fiscal Juan Francisco Malvasio imputó formalmente a Alicia Benítez de Feltes y a Miguel Ángel Marizza, en el marco de la causa donde se investigan irregularidades en las contrataciones para la Cumbre del Mercosur. Ambos deberán designar abogados defensores.
El delito que se les imputa, por ahora, es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur.
Benítez de Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), tendrá representación de la defensa oficial, a cargo de Emiliana Cozzi y Juan Hipólito Carlín; mientras que Marizza aún no ha formalizado el nombre de quien será su abogado defensor.
El 29 de octubre de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó el Decreto Número 3.974, mediante el cual que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada para canalizar las obras y la provisión de bienes y servicios para el encuentro de presidentes.
Alicia Benítez de Feltes, entonces al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia, fue designada coordinadora general de la UOCM; y Marizza fue nombrado en representación del sector privado, por la Cámara de la Construcción de Entre Ríos.
Para que la cumbre pudiera desarrollarse en Paraná fueron necesarias una serie de obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de 40,7 millones de pesos, aunque luego se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura. La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos.
Esta situación podría significar, además, que Marizza sea acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, dado que integraba la UOCM por el sector privado y en representación de la Cámara de la Construcción y, a la vez, contrató a su propia empresa, de modo que, literalmente, atendía de los dos lados del mostrador.