Lo decidió por unanimidad la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Libraron una serie de medidas de prueba con el objeto de avanzar en el proceso.
Este miércoles por la mañana, ese comité hizo lugar al pedido de juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz. Todos los integrantes votaron para que abra el proceso.
La presentación contra el integrante de la Sala de Asuntos Constitucionales y Penal la hizo el abogado peronista enrolado en el Frente Renovador de Victoria, Carlos Guillermo Reggiardo. Las causales por las que solicitó que se lo investigue son las ausencias en su despacho por viajar a dar clases y una supuesta utilización irregular de viáticos. Este segundo punto es en el que más insistió el denunciante y mayor atención prestaron los legisladores.
Es así que se libraron una serie de medidas de prueba con diferentes oficios y solicitudes de informes a facultades, al mismo Superior Tribunal de Justicia, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresas aéreas y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
«No puede seguir ocupando un lugar en el máximo tribunal un juez que diseña toda una estrategia de entramados y mentiras para no ir a trabajar a su despacho y que todos los entrerrianos le solventemos su vida paralela y sus trabajos paralelos», señaló el peticionante en la presentación. Y agregó: «Desde hace mucho tiempo, uno, dos y hasta tres días a la semana abandona sus tareas en el Superior Tribunal para realizar otras actividades que en nada se relacionan a las funciones que la Constitución provincial le asigna a los magistrados».
El artículo 37, inciso 5º de la carta magna provincial dice que los funcionarios de los tres poderes del Estado «no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo».
El próximo paso en el procedimiento del juicio político consiste en que la Cámara de Diputados llevará adelante la investigación. Para esto, que sería como una especie de etapa de instrucción, necesita el voto de 23 integrantes del cuerpo y un quórum de 26. Los números están desde el momento mismo en que representantes de todas las fuerzas decidieron en comisión firmar un dictamen para darle curso a la denuncia.