Funcionarios del gobierno nacional y referentes del Frente de Todos, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Justicia, Martín Soria, coincidieron este martres en señalar que el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuya segunda jornada de exposición del alegato de la fiscalía se desarrollaba en la fecha y que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las acusadas, constituye una «persecución judicial» y «la expresión más grotesca de ‘lawfare'».
Al retomar este martes su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un «direccionamiento grosero inadmisible» a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.
«Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez», dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse este martes y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.
La fiscalía retomó pasadas las 8.30 el alegato, luego de haber anticipado el lunes, en la primera jornada, que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados y su exposición se extenderá durante la tarde.
En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él «fueron relevantes para la maniobra».