Dirigentes feministas de la provincia valoraron las movilizaciones sociales que repudiaron y pidieron medidas efectivas para prevenir los femicidios. Dicen que, por primera vez, se hizo visible la responsabilidad del Estado en el tema.
Jujuy vive un momento histórico, según las dirigentes feministas de la provincia, que valoraron las movilizaciones sociales que repudiaron y pidieron medidas estatales efectivas para prevenir los femicidios, un reclamo que llegó a la Legislatura cuando, en menos de 40 días, cinco mujeres fueron asesinadas .
Las multitudinarias marchas encabezadas por familiares y amistades de las víctimas «fueron la expresión de que, por primera vez, se hizo visible la responsabilidad estatal ante los femicidios», dijo a Télam la abogada Mariana Vargas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Hubo, al menos, seis marchas en la capital, también en Palpalá, y otras simultáneas en distintas localidades jujeñas, algo inédito para esos territorios.
Según organizaciones locales consultadas por esta agencia, se concretaron unas 60 movilizaciones desde el 1 de septiembre hasta hoy.
Esas concentraciones fueron impulsadas por los femicidios de Iara Rueda de 16 años y Gabriela Cruz de 24, ambas de Palpalá; de Cesia Reinaga (20), de Abra Pampa; de Roxana Mazala (31) de Perico y de Alejandra Álvarez (17) de San Salvador de Jujuy, asesinadas entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre pasado.
En casi todas las situaciones las familias habían denunciado su desaparición «pero el Estado no las buscaba», aseguró Vargas.
Mientras la familia de Cesia Reinaga cortaba la ruta pidiendo que la busquen, apareció su cuerpo. «Se vivió el femicidio en directo. Eso cambió todo», añadió la integrante de la Multisectorial.
Entonces «el hartazgo se hizo evidente, se vio plasmado en las calles, pidiendo que el Estado se haga responsable», aportó a Télam María José Álvarez Carreras, coordinadora del área de Género de la ONG Juanita Moro.
«La crueldad de los femicidios, que no las buscaran inmediatamente, que no escucharan a las familias, tiene que ver con la reacción de la comunidad», analizó.
Para la periodista Carmen Amador, editora de Género del diario El Tribuno de Jujuy «hubo un quiebre en la sociedad que rompió ese terrible pacto de silencio que ancestralmente caracterizaba a nuestros pueblos, naturalizando las desigualdades de género».
Parte de la respuesta estatal ante el reclamo social fue la creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravíos de Mujeres, Niñas o Personas de la Diversidad.
El Poder Judicial cubrió los cargos de tres juzgados especializados en violencia de género para las ciudades de Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín, una decisión que se esperaba desde 2015, cuando se sancionó la ley creando seis juzgados específicos. Desde entonces, funcionaban tres entre la capital y San Pedro.