La Corte Suprema analiza el reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El máximo tribunal debe pronunciarse sobre el caso de los tres magistrados cuyos traslados irregulares fueran suspendidos por el Senado de la Nación, luego de que aceptara el recurso de per saltum presentado por los magistrados.

La Corte Suprema de Justicia estudia una salida a los reclamos de los jueces con los traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, luego de haber aceptado esta semana el recurso de ‘per saltum’ presentado por los magistrados.

Esta semana, el máximo tribunal declaró «admisible» el pedido de los camaristas Bruglia y Bertuzzi y del juez Castelli, en una decisión que tuvo un alto impacto político porque implicó que los supremos se metieran en la discusión, pero aún no tuvo consecuencias jurídicas o institucionales.

En rigor, los tres jueces se encuentran en una suerte de limbo ya que se suspendió la decisión del Senado hasta tanto el máximo tribunal defina la cuestión de fondo, pero sin volver ni a sus tribunales de origen ni de destino, y en uso de licencia concedida por la misma Corte.

Una de las medidas que surgió del fallo de la Corte que acepta el «salto por instancia» es que el Consejo de la Magistratura y el Procurador interino debían remitir su opinión a la máxima instancia judicial en 48 horas.

El Consejo, que en julio de este año inició el proceso de revisión de todos los traslados efectuados desde 1998 al presente, ratificó su decisión y señaló, con la firma del presidente del cuerpo, el juez civil Alberto Lugones, que para los tres jueces del conflicto «no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables».

Sobre esta base y sin palabras de más, Lugones concluyó en su dictamen ante la Corte que «se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo».