En audiencia presidida por el vocal de Cámara, doctor Rubén Chaia, se trató la apelación presentada por el doctor Jair Gay, defensor de Lorena Elizabeth Robina(38) y Aníbal Antonio Martin, apodado “Cuki”, dos de los cuatro detenidos por narcomenudeo en operativo realizado por la Policía de Entre Ríos, el pasado viernes 4 del corriente mes.
Por en caso que lleva adelante la fiscal Nº 3, doctora Gabriela Seró, también están con medida de prisión preventiva, Gisela Patricia Casas (43), Alexander Nicolas Melgarez, alias «Nico» (19), ambos asistidos por el Dr. Mario Arcusin; quien no apelo.
Como se informara oportunamente, días atrás se dispuso 60 días de prisión preventiva para todos los imputados, pero el doctor Gay sostuvo que no hay riesgos procesales para mantener a sus clientes privados de la libertad.
En la audiencia desarrollada este martes, el defensor de Robina y Martín, reclamó la libertad de sus asistidos, considerando que no existen riesgos de entorpecimiento ya que las medidas que se esperan tengan lugar son pericias sobre celulares e imágenes, a las que sus clientes no pueden acceder, señalando que además o hay testigos que deban declarar.
El defensor pidió la libertad de ambos o la prisión domiciliaria, bajo tutela de familiares, resaltando que tienen hijos menores de edad. A su turno la doctora Albertina Chichi, que intervino subrogando a la doctora Seró, sostuvo la necesidad de mantener la medida dispuesta por Garantías, recordando que esta pareja tenía importante cantidad de estupefacientes distribuida en toda su casa y que realizaban el fraccionamiento delante de sus hijos menores, poniendo en riesgo a los mismo y dejando una imagen de esa actividad como si fuera normal.
También resaltó que quienes fueran ofrecidos como cuidadores, son personas con antecedentes penales, que poco podrían garantizar el cuidado, incluso por su actividad laboral de albañil, que lo hace ausentarse varias horas de la casa.
Oídas las partes, el doctor Rubén Chaia, realizó una serie de preguntas a la fiscal interviniente, confirmando que en el tiempo transcurrido no hubo incorporación de testigos y no se han solicitado más datos para localizar a quienes pudieran haber comprado estupefacientes, ni diligenciado medidas en este aspecto.
El juez resaltó que estas personas pueden llegar a ser condenados en juicio, pero dado que no se observan progresos en la investigación respecto a posibles nuevos testigos, no se puede extender el plazo de prisión preventiva de los acusados, ya que esto estaría siendo un adelanto de pena y se debe garantizar al procesado una rápida instrucción penal.
Por otra parte, se refirió a los menores y su situación, considerando que si existen riesgos se debería haber solicitado la intervención del COPNAF, para protegerlos.
Dados estos aspectos, el doctor Chaia, dispuso mantener la prisión preventiva de los imputados, pero reducir el plazo a 30 días, tiempo que consideró suficiente para el avance de la investigación, por lo que esta medida vencería el 7 de abril. Fuente 03442