Gabriela Francia, acusada de formar parte de una banda dedicada al tráfico de drogas, detenida desde el 8 de Junio de 2019, podrá volver a su domicilio y reencontrarse con sus hijos.
Ello en función de que en la audiencia que tuvo lugar ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal, la Fiscalía, al igual que el Ministerio Pupilar, solicitaron para ella la prisión domiciliaria. Francia, quien fuera colaboradora de la Municipalidad de Concordia en el área de eventos, lo mismo que en el Inaubepro y en la Conased, la fundación creada por la familia Cresto, es representada por el abogado Enrique Oscar Bacigalupe. “La domiciliaria estaría segura”, dijo el letrado .Bacigalupe explicó que aún falta la resolución del tribunal. “No descarto que le concedan la libertad, pues el principal argumento en el expediente, que era supuestamente secretaria de la diputada nacional Mayda Cresto, cayó”, dijo el defensor de la concordiense. Gabriela Francia está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Mujeres “Concepción Arenal”, ubicada en la intersección de calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná. Fue detenida por la Policía Federal el sábado 8 de junio de 2019, un día antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales que renovaron autoridades provinciales y municipales. Francia aseguró que al momento de ser apresada llevaba “10 años” trabajando para Enrique Cresto y su esposa. “¡10 años en que no tuve ni fines de semana ni feriados, toda vez que ellos me necesitaron, y ahora me niegan diciendo que fui una simple colaboradora!», lamentó. A ella y a su esposo, Juan Pablo Solari, un conocido ingeniero que asesoró a varias empresas de la región y ejerció la docencia en la Facultad de Alimentos de la Universidad de Entre Ríos y en la UTN, se los acusa por haber sido presuntamente administradores de fondos originados en la venta de drogas, actividad en la que los investigadores consideran involucradas a varias personas más, comandadas por un medio hermano de Gabriela, Néstor Francia Brun. Los imputados, 17 de los cuales fueron procesados por la Justicia, habrían “comercializado estupefacientes de manera conjunta y organizada entre sí, asumiendo y ejerciendo cada uno de ellos diversas funciones de provisión, organización, distribución, logística de transporte, aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta del tóxico en distintas localidades”, según se puede leer en el auto de procesamiento.