La Asamblea de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dijo que “faltan recursos económicos”. En un comunicado de prensa, señalaron que “a 17 años de su creación, la legitimidad del Consejo se ha ido refrendando concurso a concurso por un funcionamiento serio y transparente, resistente a los embates corporativos”.
Dijeron que el Consejo de la Magistratura “como institución surge para frenar los intentos autoritarios de nombramientos masivos de jueces que la sociedad entrerriana no podía permitir ni tolerar”. “Es un orgullo para nosotros como Asamblea de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos integrar desde su creación el mencionado organismo”, marcaron. “Haberlo hecho decidida y activamente para garantizar que el perfil de los magistrados seleccionados, que sean probos, que posean el nivel técnico y la dimensión ética exigibles a uno de los poderes centrales para la convivencia democrática”.
En el comunicado enviado a Análisis indican que “la legitimidad de origen del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se ha ido refrendando y consolidando concurso a concurso por un funcionamiento serio, transparente y resistente a los embates corporativos que no cesan. Así fue consagrado en la Constitución reformada del 2008 y por la Ley 9996. Dejando claro que los y las Consejeros que integran el mismo, trabajan ad honórem y así queremos que siga siendo”.
Reclamaron porque “es evidente la falta de recursos económicos para el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Contar con un presupuesto a la altura del trabajo que se debe llevar a cabo es vital importancia. Lejísimo hemos estado siempre, y la tendencia ha sido peor, de disponer de un presupuesto razonable”.
“Estamos seleccionando magistrados, que significan una inversión de mucho dinero, durante muchos años para las arcas del Estado provincial y lo realizamos con recursos escasísimos en personal, tecnología e instalaciones. Términos como ineficiencia, demora, etc. que periódicamente asoman como críticas surgidas casi siempre de los mismos lugares, suenan ridículas si se tiene en cuenta el presupuesto asignado para personal, computadoras, entre otros, destinado a realizar los cientos de concursos necesarios para normalizar una justicia que, además, realizó una modificación sustancial del Proceso Penal que ha requerido la creación de muchos nuevos cargos y sus consiguientes nombramientos”, manifestaron.
Subrayaron que “resulta necesario contar con recursos para la intervención de jurados de otras provincias y el desarrollo de las entrevistas en el lugar donde se concursa el cargo, lo que es de extrema importancia para la participación ciudadana. Hacemos público nuestro pedido de dotar al Consejo de la Magistratura de un presupuesto acorde, que garantice su pleno funcionamiento, para que la sociedad conozca una realidad que no forma parte de las urgencias, pero que sí es prioritaria para mejorar la administración de justicia tan reclamada cotidianamente por los y las ciudadanos”.
“Las consideraciones y preocupaciones aquí expresadas son remitidas formalmente mediante una misiva al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Contador Gustavo Bordet”, dijeron por último.
El comunicado fue firmado al pie por la Asamblea de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.