Es por su demora en el pago de honorarios fijados en una sentencia. Antes el jefe de los fiscales se había negado a brindar información pública. La presentación de una demanda de ejecución de sentencia por cobro de honorarios es un trámite corriente en Tribunales. Pero la noticia es que la acción que motiva estas líneas fue promovida contra el procurador general Jorge Amílcar García, a quien el Superior Tribunal de Justicia (STJ) obligó a hacerse cargo de las costas tras un recurso de amparo en el que su pretensión fue desestimada.
La causa en la que García fue obligado a pagar 18.900 pesos fue impulsada por la Sección Paraná del Colegio de Abogados y el portal especializado accesolibre.org. Fue por la negativa del jefe de los fiscales a brindar información pública. Al titular del Ministerio Público Fiscal se le había requerido, al igual que al STJ y al Ministerio Público de la Defensa, copias de las resoluciones a través de las cuales designó a autoridades dentro de su área de competencia. Y también se le pidió que detallara los criterios para efectuar esos nombramientos.