El hombre, de 57 años y de Gualeguay, reconoció varios delitos que cometió contra dos menores de edad y su pareja.
La sentencia contra Antonio González fue emitida el 21 de febrero por el juez Javier Cadenas, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay, pero recién se conoció el 18 de abril cuando la parte resolutiva del fallo fue publicada en el Boletín Oficial de Entre Ríos. González se desempeñó en la Comisaría Primera Sección Chacras y en el Octavo Distrito de Gualeguay. Actualmente se encuentra cumpliendo la sentencia en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El magistrado homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Jorge Gutiérrez, el abogado Javier Ronconi, defensor del policía; la querella particular representada por los abogados Alfredo Vitale y Zulma Hergensther, y Gustavo Piquet en representación del Ministerio Pupilar.
Condena
Las denuncias llegaron a la Justicia en noviembre de 2020. Los hechos contra la integridad sexual de las niñas -cuya identidad se preserva- ocurrieron desde que una tenía 7 u 8 años y la segunda desde los 11 hasta los 17.
En tanto, la violencia sexual contra su expareja también fue reconocido por el funcionario policial. Fue el sexto hecho que admitió, aunque en la Justicia lo consignaron con una expresión más «leve»: «relaciones sexuales no consentidas».
La lista de delitos que reconoció González es extensa: abuso sexual simple, agravado por mediar convivencia y por ser funcionario policial; abuso sexual gravemente ultrajante -reiterado, 6 hechos- agravado por mediar un grave daño a la víctima, ser cometido por personal de fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones y por aprovechar la situación de convivencia, en concurso real con abuso sexual agravado por mediar acceso carnal agravado a su vez por mediar un grave daño a la víctima, ser cometido por personal de fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones y por aprovechar la situación de convivencia; desobediencia judicial reiterada (cuatro hechos), amenazas en concurso ideal con desobediencia judicial, violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en contexto de violencia de género; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Además de la pena, el Tribunal le impuso las costas judiciales al condenado y, como se resuelve en estos casos, ordenó la extracción del patrón genético y su posterior inclusión en el Registro Provincial de Datos Genéticos que funciona en el ámbito del Servicio de Genética Forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos; como también en el Registro Nacional de Datos Genéticos.