La Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó el recurso de apelación presentado por los defensores del cura Marcelino Ricardo Moya, condenado en 2019 a 17 años de cárcel por abuso y corrupción de menores.
Y de ese modo el camino que le queda para recurrir la resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay es recurrir ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La resolución de la Casación de Concordia fue firmada por los camaristas Diego Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade.
El viernes 5 de abril de 2019, la Justicia dio a conocer el adelanto de sentencia en la causa por corrupción de menores y abuso sexual que se le siguió al cura Marcelino Ricardo Moya, y anunció una fortísima condena: 17 años de cárcel.
Dos datos clave contiene la sentencia del año último: se apoyó fuertemente en el testimonio de las víctimas, cuyos relatos dieron por cierto los jueces, y reprochó el grosero encubrimiento que llevaron adelante los sucesivos jefes de la Iglesia de Paraná en los últimos años: Estanislao Karlic -de 1983 a 2003-, Mario Maulión -que ejerció 2003 a 2010? y Juan Alberto Puiggari -que sucedió a Maulión y sigue actualmente-, que aún sabiendo de los hechos no los denunciaron en la Justicia.
No fue a prisión de inmediato Moya: seguirá libre hasta que ese pronunciamiento judicial quede firme. Ni siquiera con el fallo de Casación ocurrirá eso. Se deberá aguardar el pronunciamiento de la Sala Penal el STJ, y de la Corte, después. De modo, Moya se sumó a una tristísima lista: es el tercer cura condenado por pederastia, después de Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, estos dos con condenas a 25 años de prisión.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay lo explicó al dar a conocer los fundamentos de la condena, firmada en forma unánime por los jueces María Evangelina Bruzzo, Melisa Ríos y Fabián López Mora.
La jueza Bruzzo coincidió en su voto con el planteo de los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra y los querellantes Florencio Montiel y Juan Cosso en que «la actividad ilícita cuya comisión se le atribuye al imputado constituye sin resquicio a duda alguna y de manera evidente, un grave atentado a los derechos humanos de las víctimas», Pablo Huck y Ernesto Frutos.
«Que dicha conclusión -planteó la magistrada en su voto- se sustenta con meridiana claridad si tenemos en cuenta la calidad de sacerdote que ostenta Moya al tiempo de los hechos, desempeñándose como Vicario Parroquial de Santa Rosa de Lima, Villaguay -desde el 08/03/1993- y Capellán del Regimiento de Ejército Cnel. Brandsen, Villaguay-desde el 08/03/1993- (?) y pertenecía al culto católico apostólico romano -sostenido actualmente por el Estado Argentino, art. 2 de la C.N.- a la vez que se desempeñaba como catequista en el Instituto La Inmaculada desde el 1 de marzo de 1993 hasta el 21 de abril de 1997 donde se desempeñó como profesor (?) e intervenía activamente en Acción Católica, circunstancias éstas que lo colocaban en una especial posición de autoridad, poder, prestigio y preeminencia ante sus víctimas y la comunidad toda (?) para realizar diversas actividades en Acción Católica, en el programa de radio y participaba en la vida pública de la ciudad, siendo considerado, al decir de testigo Amalia Ángela de las Mercedes Pérez, nada menos que ´el Papa´ de Villaguay».
Y agregó: «Tampoco puede soslayarse que los hechos abusivos consistentes en delitos contra la integridad sexual, tuvieron por víctimas de entre 13 y 14 años, durante el lapso temporal intimado -años 1993/1995- encontrándose ambos en plena etapa de desarrollo psico-físico y de formación de su personalidad».
La investigación
Los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyera más los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso habían pedido la pena máxima de 22 años de cárcel para Moya, más la accesoria de prisión preventiva en una unidad penal hasta que la condena adquiera firmeza. Moya había sido denunciado el lunes 29 de junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y Eduardo Frutos, un estudiante de Derecho.
Se presentaron en los Tribunales de Paraná, ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Aunque el caso fue derivado luego a la Unidad Fiscal de Villaguay, y la tramitación quedó en manos de la fiscal Nadia Benedetti, que no pudo participar de la acusación en el juicio por cuanto ahora está con licencia por maternidad. Su lugar fue ocupado por los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra. Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada: permaneció entre 1992 y 1997.
Y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. «A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas.
En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte», dijo entonces. Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, peroel 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio. La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves11 de octubre de 2018, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.
El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia. El martes 19 de marzo, un día antes del inicio del juicio oral en Concepción del Uruguay, José Ostolaza presentó su renuncia como defensor de Moya. La dimisión obligó a reprogramar las audiencias, que comenzaron un día después, el jueves 21.
Un año atrás, el 15 de marzo de 2018 se conoció la novedad de que José Ostolaza se había constituido en el nuevo abogado defensor del cura Moya. Primero lo asistió Gustavo Amílcar Vales, de Villaguay, que renunció a mediados de junio de 2017. Entonces, la defensa del sacerdote la asumieron Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, de Colón. Después, asumió esa tarea el uruguayense José Ostolaza, que reunció este 19 de marzo.