La audiencia se planteó en el marco de las condiciones en las cuales el imputado cumple la prisión preventiva. La fiscalía se opuso al pedido y señaló que aún se encuentran presentes los riesgos procesales. La jueza mantuvo la medida de coerción impuesta en la misma medida.
Se realizó una nueva audiencia en el Juzgado de Garantías N° 1 en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Gabriela Seró. En la misma está siendo investigado un hombre de la ciudad de Basavilbaso (67 años) a quien se le imputó provisoriamente el delito de promoción y/o facilitación de la prostitución (art. 125 bis del Código Penal). El delito habría sido cometido en su domicilio en el cual promovía la prostitución de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Durante la audiencia el abogado Mario Arcusín, representante de FEA, planteó la revisión de la medida de prisión preventiva dictada el 31 de agosto pasado por el término de 90 días, el marco de lo que le infiere la ley procesal penal de la provincia en su artículo 366 (posibilidad de revisión de las medidas de coerción personal, en caso de haber variado las circunstancias en las cuales fueron dictadas). Según un informe recibido por la Delegada Judicial de la Unidad Penal N° 5 de Victoria, su defendido le habría manifestado imposibilidades de carácter ambulatorias en el uso de las instalaciones que ofrece la unidad carcelaria (baño, falta de asistencia personal, entre otras).
En este sentido, le solicitó a la jueza Melisa Ríos la posibilidad de morigerar el cumplimiento de la misma, ofreciendo un domicilio particular ubicado en la ciudad de Basavilbaso bajo el cuidado de un allegado ya que el mismo no tiene familiares. Esto se fundamenta en cuestiones humanitarias- según lo expresó Arcusín- al tratarse de una persona discapacitada con enfermedades de base tales como hipertensión arterial, diabetes, y poliomielitis, que en muchas de las actividades cotidianas necesita ayuda específica para realizarlas.
La fiscal de la causa expresó la oposición a los planteos antes referidos, ya que se trataría de un domicilio ubicado en misma ciudad donde se desarrollaron los hechos y actualmente viven las víctimas. En relación a ello, señaló que aún no ha podido mantener entrevistas con ellas, con lo cual habilitar el planteo de la defensa podría poner en riesgo la investigación.
Finalmente, la jueza no hizo lugar a lo solicitado por la defensa y mantuvo las condiciones en las cuales fue dictada la prisión preventiva oportunamente. Es importante mencionar que la causa tiene otras personas vinculadas que transitan el proceso penal en libertad, sin que ello les quite responsabilidad frente a los hechos investigados.