Tomó estado parlamentario en el Senado un proyecto de ley que propone crear, en la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia, el cargo de Defensor del Paciente. Su objetivo será “la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses de los usuarios del Sistema de Salud Publico, de la Seguridad Social y Privados”. El autor es el senador del departamento Uruguay, René Bonato.
En la propuesta se señala que “el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos básicos, contemplados en los artículos 42 y 86 de la Constitución Nacional, articulo 19 de la Constitución provincial, tratados internacionales, constituyendo así un bien público respecto al cual el Estado tiene una obligación primaria e irrenunciable”.
Por eso aparece la idea del Defensor del Paciente, que pretende dotar al sistema de salud Publico, de la Seguridad Social y el Privado de la provincia de una institución cuyo principal objetivo sea el de llevar “la vocería, representación y/o defensa de los intereses de los usuarios del sistema de salud, como parte débil del mismo”. Se trataría de una figura que defiende o protege a los que hacen uso de los servicios de salud, sin distinción alguna, propiciando con su acción la efectiva solución de las diferencias entre pacientes y prestadores de salud.
“La actuación de esta figura deberá ser rápida, cuando sea necesaria, para que el derecho se haga efectivo, impidiendo con su intervención que se vea comprometido el derecho a la vida digna”, se indica en el proyecto, según se informó en un comunicado. En el proyecto se analiza la posibilidad de que exista en cada departamento o región sanitaria por lo menos un Defensor adjunto, al cual los usuarios puedan acceder de manera fácil y pronta.
En la argumentación se revela que existe en Argentina, una Asociación Civil en Defensa del Paciente (Adepaci), que tiene como misión primordial la defensa de los derechos e intereses de todos pacientes y usuarios de prestaciones médico asistenciales del país, sea que se trate de prestaciones brindadas por profesionales de la salud en forma individual o por instituciones de salud pública o privada.
Precisa que “con la creación del Defensor del Paciente no se pretende invadir jurisdicciones, recursos y mucho menos, incursionar en el terreno de la llamada “mala praxis”, sino más bien hacer hincapié en los conflictos que los usuarios planteen respecto al sistema de salud”.