Un uruguayense quedó al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad

Fernando Galarraga quedó al frente del organismo de discapacidad del Estado Nacional y es la primera persona con discapacidad en dirigirlo. Compartimos una entrevista que le realizó Página 12.

Fernando Galarraga es uruguayense, subdirector ejecutivo y actual director interino de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desde que el 9 de septiembre presentó su renuncia el Director del organismo Claudio Espósito. La ANDis es el máximo órgano rector de las políticas de discapacidad en el país y Fernando es la primera persona con discapacidad en estar al frente del mismo.

“La principal tarea que tenemos es fortalecer nuestro organismo y, sobre todo, trabajar en la articulación con toda la administración pública nacional, porque la discapacidad es una temática transversal”, afirmó en diálogo con PáginaI12. 

Nacido en Concepción del Uruguay, donde vive parte de su familia, Fernando Galarraga es licenciado en Comunicación Audiovisual, docente y conferencista en materia de Derechos Humanos y discapacidad. Desde 2001, ejerció distintos roles en la Unión Latinoamericana de Ciegos y hasta 2008 fue Director Ejecutivo de la Biblioteca Argentina para Ciegos. En 2018 asumió cómo responsable de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de Capital Federal. Según cuenta a este diario, “Desde que accedí a rehabilitación usé el bastón blanco, pero siempre amé los perros y me pareció maravillosa la conexión que había entre la persona ciega y su perro guía. A Cleo la tengo desde el 2017 y somos un equipo de trabajo”, asegura.

Aquí compartimos la entrevista realizada por el diario de tirada nacional Página 12:

— ¿Cómo están actuando por la emergencia sanitaria provocada por el covid

– Articulamos con el ministerio de Salud en la elaboración de protocolos de atención a las personas con discapacidad. Como segunda medida conformamos un equipo para registrar los casos de covid de personas con discapacidad y hacer un seguimiento para detectar en qué lugar están internados y despejar situaciones que puedan generar vulneración de derechos. Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona sorda que estaba en un hospital incomunicada porque nadie del equipo de terapia intensiva sabía lenguaje de señas. Entonces pusimos a disposición un servicio de videollamada para que un intérprete pueda hablar con los médicos y transmitirle información al paciente. Además lanzamos tres programas de ayuda económica para hogares y residencias, para los gobiernos provinciales, y para los talleres protegidos. 

– ¿Cómo se encontraba la agencia luego del cambio de gobierno?

– La ANDIS fue creada por el Gobierno anterior mediante un DNU en agosto de 2017. En su momento generó mucha resistencia porque unió cuatro organismos: la Comisión Nacional de Pensiones, la Conadi, el Servicio Nacional de Rehabilitación y el programa federal Incluir Salud. Por eso ahora hay que hacer un gran trabajo de articulación interna. Por otra parte, como en muchas otras cosas, la gestión macrista en discapacidad tenía un doble discurso. Hablaba de inclusión, de participación –y de alguna manera le daban relevancia al tema por la figura de la ex vicepresidenta, una persona con discapacidad–, pero mientras ajustaban las prestaciones, daban de baja pensiones y cajoneaban solicitudes de nuevos beneficios de pensiones no contributivas –al momento de llegar nosotros totalizaban aproximadamente 130 mil–. Perjudicar a esas personas es directamente meterse con la población más vulnerable porque nadie solicita una pensión no contributiva si no está en una situación verdaderamente compleja.

– ¿Cómo está trabajando la ANDis para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad?

– Estamos articulando con muchos ministerios. Por ejemplo, apoyamos al Ministerio de Educación en el programas Seguimos Educando, estamos trabajando junto con la Jefatura de Gabinete para promover el cupo laboral del 4 por ciento dentro del Estado, que cuando el gobierno de Alberto Fernández recibió la gestión estaba debajo del uno por ciento. A su vez, estamos trabajando con el Consejo Federal de Discapacidad para promover una articulación fluida con los gobiernos provinciales. Además, hemos lanzado siete programas de financiamiento que implican ayudas concretas volcadas a la sociedad para promover inclusión. Consisten en la entrega de recursos para áreas de discapacidad de gobiernos provinciales, municipales o a la sociedad civil. Van desde financiar la compra de transporte accesible; el apoyo a unidades productivas inclusivas; el fortalecimiento de las redes de rehabilitación en todo el país y por último una línea para personas con discapacidad que no tienen acceso a una obra social. A ellos se les facilitan recursos indispensables para mejorar su calidad de vida –como puede ser un audífono o una silla de ruedas–.

-¿Cuáles son las mayores barreras que aún existen en nuestras ciudades para personas con discapacidad?

-Persisten muchas. Desde las arquitectónicas, como edificios que no tienen rampas o ascensores chicos, hasta las líneas de subte de Capital que muchas son inaccesibles. Pero también tenemos que pensar en la accesibilidad digital que, si bien es una de las grandes herramientas de inclusión, puede ser una gran generadora de exclusión. Hoy, por ejemplo, por la pandemia, hay que pedir turno para ir al banco. El problema es que muchas de las páginas hacen que eso sea una tarea imposible para una persona con discapacidad. La accesibilidad a veces se piensa sólo desde la rampa, pero es mucho más grande y es fundamental porque funciona como puerta de acceso a cualquier derecho.