Se trata del juez de Garantías de Gualeguaychú, Mario Figueroa, a quien la fiscal Martina Cedrés lo acusó de «inepto y caprichoso» por dictar el arresto domiciliario al supuesto atacante del remisero.
El caso del ataque al remisero Julio Marchesini sigue generando espacio en las crónicas policiales y judiciales en Gualeguaychú. Actualmente la polémica está centrada en la disputa que mantiene el Ministerio Público Fiscal con el pedido de prisión preventiva para el acusado, y las resoluciones que emana el Juzgado de Garantías, negando la solicitud de la Fiscal y ordenando el arresto domiciliario. Tras la detención del joven de 23 años, la fiscal Cedrés había requerido 15 días de prisión preventiva para el imputado. Con esta medida pretendía neutralizar cualquier posibilidad de entorpecimiento de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y elevar lo más rápido posible el caso a juicio.
Pero en la audiencia realizada el pasado viernes, el juez de Garantías Mario Figueroa dictó cinco días de arresto domiciliario por entender que con esa medida quedaba neutralizado el riesgo procesal. Esto generó la reacción de la Fiscal y se apeló la resolución a la Cámara de Gualeguay.
Cedrés consideró en sus fundamentos que la agresión al remisero fue un hecho grave, porque la víctima de 61 años fue atacada mientras estaba trabajando y como consecuencia del intento de robo terminó cortado. Además se habían presentado evidencias suficientes para sostener la autoría del acusado.
La Fiscal señaló en sus argumentos que el joven, detenido un día después de cometido el hecho, había cambiado su fisonomía para no ser identificado en una rueda de reconocimiento y que con ello trató de entorpecer la investigación. Pero además, sostuvo que con la medida dictada por Figueroa era muy probable que incurriera en un riesgo procesal por un posible peligro de fuga.
En conclusión, Figueroa no cambió su opinión y dictaminó un arresto domiciliario por 10 días. Obviamente, como la Fiscalía no logró su cometido, de que el imputado sea encerrado hasta tanto no se finalice con la IPP, se volvió a apelar y nuevamente la decisión caerá sobre un juez de la Cámara de Gualeguay.
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