Es por los desfasajes que hay entre los cronogramas de pago y la fecha en que los impuestos y servicios deben abonarse. Abarcará a la provincia y municipios.
Es por los desfasajes que hay entre los cronogramas de pago y la fecha en que los impuestos y servicios deben abonarse. Abarcará a la provincia y municipios. Paraná.(RN). Cada mes desde diversos gremios provinciales y los propios trabajadores reclaman por el pago en tiempo y forma de los salarios, puesto que muchas veces esto se da luego del vencimiento de los impuestos, con el consabido recargo por la demora. Ante esta situación, el diputado provincial Lisandro Viale (PS-Paraná) presentó un proyecto de ley donde propone que “ningún impuesto provincial o servicio público podrá fijar como plazo de vencimiento una fecha anterior a las estipuladas en el cronograma de pago de los organismos públicos”. Y establece que esta norma, en caso de sancionarse, “regirá tanto para órganos municipales como provinciales, incluyendo empresas del Estado y entes autárquicos de todo el territorio provincial”.
La norma, de ser convertida en ley, deberá entrar en vigencia a partir de los 60 días corridos de su promulgación, e insta a los municipios de la provincia a adherir.
En la fundamentación de la iniciativa a la que accedió Recintonet, el legislador remarcó que se busca “terminar con las situaciones de injusticia que se dan al momento de que la factura de un servicio público, o de un impuesto provincial o municipal tiene por plazo de vencimiento una fecha anterior a la que muchos trabajadores y trabajadoras perciben sus salarios o los jubilados y pensionados perciban sus haberes”, produciéndose un “desfasaje entre el momento del pago de las facturas y el momento de recibir la remuneración salarial”.
Viale enfatizó el “fuerte sentido de la justicia social” de la iniciativa, “en tanto establece criterios que protege a la ciudadanía en un aspecto tan delicado como el económico y que, a través de una normativa muy simple, puede establecer un mecanismo que sirva de defensa de los ciudadanos y las ciudadanas, fundamentalmente, ante empresas que imponen reglas que implican una situación de enorme disparidad en perjuicio de los primeros”.