Desde Mbiguá volvieron a cuestionar la iniciativa del Ejecutivo que quedaría sancionada este martes. Se sumó el Programa de Extensión Por una nueva Economía, que convocó a movilizarse en contra del texto.
Desde Mbiguá volvieron a cuestionar la iniciativa del Ejecutivo que quedaría sancionada este martes. Se sumó el Programa de Extensión Por una nueva Economía, que convocó a movilizarse en contra del texto. Paraná.(RN). La iniciativa que el gobernador Sergio Urribarri calificó como “un hito histórico” y que significará endeudar a la provincia por 430 millones de dólares para construir dos acueductos en el norte entrerriano sólo sigue cosechando críticas e incluso chicanas entre dirigentes políticos. Concretamente la iniciativa propone «autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas y Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico». Y habilita la posibilidad de realizar las operaciones de crédito por hasta la suma de 430.387.551 dólares, con más los intereses necesarios para financiar la construcción de las obras mencionadas, con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China.
La Fundación Mbiguá volvió el fin de semana a reclamar el acceso a los proyectos y al Memorándum firmado con la República China, habló de “ilegalidad” del texto, reclamó que “se termine con el secretismo”, volvió a advertir sobre la falta de transparencia del proceso y la carencia total de estudios de impacto ambiental que invalidan la constitucionalidad del proyecto. También apuntó que “no están claros, ni siquiera, los beneficiarios, aunque se trata del mayor endeudamiento en el que se embarcaría el gobierno provincial», y puso el foco en que no dieron explicaciones sobre el “extraordinario aumento del presupuesto de la obra de 92 a 450 millones de dólares y mucho menos de cuál es la razón por la cual se toma un crédito a una tasa de 4.5 mas libor con un interés punitorio del 2 por ciento anual cuando el propio BID otorga a Paraguay créditos para infraestructura al 0,25 por ciento”.
El abogado y miembro de la fundación, Jorge Daneri, explicó que los estudios de impacto ambiental son legalmente exigibles y necesariamente públicos, «porque deben ser evaluados por la autoridad ambiental competente conforme el Decreto (PEP) 4977/09, del 11/12/2009. B.O.: 21/12/2009, que establece la reglamentación del proceso de Estudio de Impacto Ambiental; la Constitución de la Provincia y el sistema de la legislación de presupuestos mínimos ambientales nacional». Además, deben ser aprobados por resolución del área ambiental y decreto del Gobernador y sus ministros, por lo menos Producción y Economía. Y reclamó que se lleven adelante audiencias públicas para debatir los proyectos.
Por otra parte, marcaron desde la ONG que, si Entre Ríos quiere mantener alguna coherencia respecto a procesos anteriores como el debate ambiental frente a la instalación de Botnia: «Necesita la intervención de la Comisión Administradora de Salto Grande y Comisión Administradora del Río Uruguay”, si utilizará agua de ese río para abastecer los potenciales acueductos.
Más críticas
También cuestionaron el proyecto desde el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que dirige el profesor Luis Lafferriere, en un extenso documento. Allí, además, hicieron: “Un llamado urgente a la responsabilidad de los legisladores, para que no avalen con su voto este oscuro proyecto que con su texto abre el camino a posibles estafas a los intereses de toda la sociedad”. También convocaron “a la comunidad y sus múltiples expresiones (medios, entidades, organizaciones, partidos, movimientos, gremios) a movilizarse, exigir el freno del proyecto, informarse, y evitar con su activa participación que se consumen actos lesivos para todos los entrerrianos”. Y compararon el tratamiento de la iniciativa a la derogada ley de Arroz del Delta entrerriano, de la cual el gobierno debió dar marcha atrás por las fuertes críticas hacia una norma que fue sancionada en forma exprés y sin convocar a sectores involucrados.
Seguidamente, indicaron desde el Programa de Extensión universitario respecto a los acueductos: “Se trata de un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a endeudar a la provincia con bancos chinos por más de 430 millones de dólares más intereses, y a contratar con una corporación de ese país obras para dos acueductos, de manera directa y sin licitación. El crédito será garantizado con los fondos que la provincia recibe de la coparticipación federal de impuestos (con el riesgo de que se desfinancien otros gastos esenciales como la salud y la educación)”. Y advierten que “se contempla en un plazo máximo de seis meses la creación de nuevos tributos que tendrán como destino la amortización de la deuda y el futuro pago de los intereses que devengue la misma, lo que anticipa una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes entrerrianos”.
En otro párrafo, advirtieron: “Agravando lo ya comentado respecto de esta potencial estafa a los intereses de nuestra provincia, se acepta renunciar implícitamente a nuestra soberanía aceptando de manera repudiable la legislación inglesa, poniendo a la provincia como un mero sujeto privado que deberá dirimir cualquier diferencia que surja en el marco de las leyes del imperio británico”.
Críticas y chicanas
El fin de semana también hubo un cruce de declaraciones entre el dirigente radical Atilio Benedetti, quien difundió una “carta abierta al gobernador” cuestionando el proyecto de ley y aprovechó para colar críticas al gobierno provincial. Rápidamente salió a responder el ministro de Cultura Pedro Báez, con un cruce de chicanas, y luego hizo lo propio el senador provincial Enrique Cresto, pero nada aportaron para esclarecer los cuestionamientos a la iniciativa oficial. En ese sentido, no respondieron a las profusas demandas de información por parte del sector ambiental, al que se sumó también el universitario.