La Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental respondió a la invitación formulada por la Comisión de Producción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, en función del tratamiento del proyecto de ley que impulsa el llamado Plan Maderero Entrerriano.
La organización ecologista agradeció la invitación al debate y presentó un documento en el que fija posición respecto al proyecto del Gobierno Provincial. “Solicitamos el rechazo de la presente iniciativa legislativa, tal como se encuentra formulada en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a este Honorable Cuerpo y, para el caso que se conozca finalmente el contenido y alcances del Plan Maderero Entrerriano, se cumpla con la realización de estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, y se someta el mismo a consulta popular, conforme lo prevé el artículo 50 de nuestra Carta Magna”, dice el texto y advierte que “estamos frente a una iniciativa trascendente de interés general y de fuerte impacto sobre el ambiente actual y de las futuras generaciones”.
Entre las consideraciones del documento, M´Biguá destaca que en rigor “no estamos frente a un proyecto de Ley, sino frente a un proyecto que parecería olvidar o negar una historia que conformó una identidad de resistencia, de rechazo de este modelo de producción, no sólo en el Uruguay, sino también en Entre Ríos y la Mesopotamia toda”.
En principio, la fundación señala la contradicción que significa habilitar el comercio de materia prima cultivada en Entre Ríos con destino a Botina en el marco de un “conflicto internacional, jurídico y político aún latente” ante “la segura posibilidad de nuevas pruebas de contaminación por parte de las plantas de celulosa señaladas”.
Además, M´Biguá considera que lo que se intenta promover en este caso es “la cultura del monocultivo de Eucalipto” y “la simplificación de un tipo de producción excluyente, concentradora de la propiedad de la tierra, fuertemente agresiva en la gestión de las aguas y de la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos”.
En ese caso, añade el texto, “no sería la ley 9.759, que ahora se pretende derogar –en el artículo 4º del proyecto- el único obstáculo a quitar del camino para promocionar una expansión ilimitada del modelo forestal exportador; si no también, la ley de Ordenamiento Ambiental del Bosque Nativo, la Ley de Comité de Cuencas, la Ley que declara Área Natural Protegida a los humedales del Sur de la Provincia de Entre Ríos, y varias normas de la propia Constitución Nacional y particularmente de nuestra Constitución Provincial”.
En síntesis, la organización plantea que por un lado el proyecto “olvida y niega” la historia reciente y por otro omite anexar el plan maderero de forma expresa y detallada.
En ese sentido, M´Biguá expresa que “el Estado estaría faltando a su obligación constitucional de proveer a la protección del ambiente pues, al no identificar acciones, incentivos, beneficios que se otorgarían a las empresas forestales no se pueden evaluar las implicancias ambientales que la promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad tendría sobre el ambiente y sus componentes”.