El proyecto obliga a la provincia a endeudarse para la compra de estos vehículos, pero evita la licitación y los controles.Se contituye, en cambio, un fideicomiso que hará las operaciones financieras, al que la provincia debe abonarle los montos.
El proyecto obliga a la provincia a endeudarse para la compra de estos vehículos, pero evita la licitación y los controles.Se contituye, en cambio, un fideicomiso que hará las operaciones financieras, al que la provincia debe abonarle los montos.
Paraná.(RN). Diputados aprobó en su última sesión, con los votos del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el radicalismo, la adhesión de la provincia al programa «Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud” con destino a la renovación y/o ampliación del parque automotor de las áreas de seguridad y salud de la provincia, a través de la adquisición de ambulancias y vehículos policiales, con garantía de la coparticipación. El texto que debe tratar el Senado en su próxima sesión, alertó a la diputada del FAP, María Emma Bargagna quien en el recinto observó que con esta iniciativa se eluden los controles y se obliga a la provincia a contraer endeudamiento.
«El origen de este decreto es inconstitucional», sintetiza Bargagna en diálogo con RecintoNet y al referirise al proyecto que impulsa el Ejecutivo provincial en el marco de un programa nacional. «Esta propuesta tiene origen en un decreto de necesidad y urgencia utilizado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, para no pasar por el Congreso, cuando no había ni necesidad ni urgencia», advirtió Bargagna.
“El decreto nacional en cuestión otorga mil millones de pesos a un fondo fiduciario. Es un decreto viciado de nulidad porque violenta el artículo 99 de la Constitución, que establece que esta facultad se debe otorgar en casos excepcionales” y cuando se produzcan “hechos de conmoción o cuestiones catastróficas”, ilustró la diputada al tempo que aseguró que esas condiciones no se cumplen en estos días.
Para la legisladora, la compra «está fuera de todo control» tanto de organismos nacionales como provinciales. Es que la oepración de compra queda en manos del fideicomiso que se contituye para la adquisición de las unidades. «Ellos hacen la compra. Las empresas le facturan al fideicomiso y nosotros vamos a ir a pagarles a ellos sin pasar por una licitación o un cotejo de precios», advierte Bargagana y cierra: «Estamos frente a un nuevo endeudamiento que escapa a los controles y que compromete la coparticipación «, dice.
En el recinto, cuando se trato el proyecto, también se advirtió que no hubo consulta a la provincia sobre sus necesidades, razón por la que se interpretó que la compra tiene visos de «imposición».
Qué dice el proyecto
El programa creado por decreto nacional Nº 1765/14, autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público con el Fondo Fiduciario Público, al que se le otorgarán mil millones de pesos, para constituir “Fondo para el Fortalecimiento Operativo Federal», con destino a la renovación y/o ampliación del parque automotor de las áreas de seguridad y salud de la provincia, “a través de la adquisición de ambulancias y vehículos policiales, aceptando los procedimientos de selección de proveedores que dispusiera el fiduciario, de conformidad con las pautas establecidas y las instrucciones dispuestas por el Comité Ejecutivo del programa», dice el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a la cesión irrevocable a favor del Fondo de los derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y exime al Fondo de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes y a crearse, como asimismo a todos los instrumentos que guarden relación con el cumplimiento del programa. El gobierno nacional emplaó a las provincias a definir su adhesión en 30 días. (RecintoNet)