El texto lleva la firma de la diputada Cremer, que acompaña como el resto del bloque del Frente Renovador, la iniciativa de Darío Giustozzi.
El texto lleva la firma de la diputada Cremer, que acompaña como el resto del bloque del Frente Renovador, la iniciativa de Darío Giustozzi.
Paraná.(RN). El Congreso de la Nación comenzará a discutir formalmente uno de los temas más calientes de la sociedad argentina: las protestas sociales y la pertinencia de una “regulación” estatal. El debate se dará el martes a partir de las 14 en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que conduce la kirchnerista Diana Conti, tras la presentación de una batería de proyectos por parte de todo el arco político.
Aunque la cuestión ocupa un lugar destacado en la opinión pública desde hace tiempo, sobre todo por los cortes de tránsito, lo cierto es que el Parlamento tomará cartas en el asunto como respuesta al pedido de la presidenta Cristina Kirchner.
En términos generales, la discusión sobre la protesta social es planteada como una cuestión de “colisión de derechos”. Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que afirma: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, reza el texto de la carta magna.
La iniciativa de Giustozzi establece que las manifestaciones de petición social deberán realizarse en los espacios públicos que determine el Poder Ejecutivo para tal fin. Los mismos deberán ser “idóneos y relevantes” y contar con la tecnología necesaria para que “quienes busquen ser escuchados logren llegar a sus destinatarios”.
El diputado pretende que las protestas sean programadas con antelación y previamente notificadas al Gobiernos para que éste disponga de las medidas pertinentes.
De igual modo, las manifestaciones “espontáneas” deberán realizase en dichos espacios públicos. De lo contrario, los participantes serán susceptibles de ser sancionados con trabajos comunitarios que duren entre seis meses y un año, con multas que podrán equivaler al monto de cinco salarios mínimos, o con “cursos de educación comunitaria”. Esto también alcanza para las personas jurídicas.
La iniciativa generó rechazo e ironía, incluso en el bloque massista. Algunos, por ejemplo, se burlaron de los establecimientos que prevé el proyecto al calificarlos de “corsódromos”.
La propuesta también lleva las firmas de Mario Das Neves, Rubén Sciutto, Mirta Tundis, Eduardo Fabiani, María Cremer de Busti, Oscar Martínez y Liliana Schwindt, todos del Frente Renovador