Causa por abuso de menores en Urdinarrain

p6-3 21-12Javier Broggi, ex funcionario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Urdinarrain, está acusado de someter a niños de entre 5 y 13 años entre 1988 y 1995. Se realizaron allanamientos en varias localidades para dar con su paradero. El procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, ordenó este jueves la

apertura de una causa judicial por «corrupción de menores agravada» contra el abusador Javier Broggi, por los delitos cometidos en Urdinarrain entre 1988 y 1995, contra niños de entre 5 y 13 años. García le impartió la directiva al fiscal coordinador de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, donde se abrirá el expediente, por una cuestión jurisdiccional, según indicó el propio procurador general. La causa caratulada como «corrupción de menores agravada», será llevada adelante por el fiscal Martín Gil, de dicha localidad, quien comenzó a tomar testimoniales.

El ex funcionario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Urdinarrain, renunció al cargo en mayo de 2008, tras conocerse los hechos puertas adentro de la comuna. A Broggi se lo acusa de haber abusado a cerca de 40 niños de entre 5 y 13 años durante 1988 y 1995, aunque la cifra podría triplicarse, ya que deberían sumarse hechos de antes y después de la fecha consignada. Sucede que el propio Broggi le reveló a algunos allegados que él cometía abusos de menores «desde los 15 años» y recién se fue de Urdinarrain cuando estaba por cumplir 47 años.

Broggi, nacido en 1961, abandonó dicha localidad, precisamente cuando el intendente Alberto Mornaco (Intransigencia Popular) lo convocó a su despacho y le exigió la inmediata renuncia, tras ser informado que había abusado de numerosos niños de la población, lo que el abusador le reconoció en dicha reunión. Tras ello, Broggi deambuló por Gualeguay (donde tiene familiares directos) y Villa Libertador San Martín (Puíggari), donde se terminó asentando, supuestamente para «hacerse atender de su problema», según consignó Análisis. El fiscal Derudi derivó el caso al fiscal Martín Gil, quien iba a empezar a adoptar algunas medidas sobre el caso. En principio, estaba previsto que comenzaran las citaciones a personas que podrían estar vinculadas a la causa.