La Cámara de Senadores, convertida en corte en el proceso de juicio político al suspendido presidente de la Sala Penal, Carlos Chiara Díaz, cerró el plazo de recepción de pruebas y estableció un cronograma de aportación de testimonios y documentación el 29 de enero. En su defensa Chiara Díaz ofreció 20 testigos, entre ellos, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y a uno de los jueces que juzgó a la primera junta militar de la dictadura, Ricardo Gil Lavedra. Además, sin nombrarlo directamente, acusó a Sergio Urribarri por su rol en el proceso: “En el presente juicio político hay una velada pero concreta intromisión del poder legislativo bajo la dirección del presidente de la Cámara de Diputados”, denunció en un voluminoso documento que presentó su abogado, Guillermo Brunner, donde también apunta contra la titular del STJ, Claudia Mizawak.
El Senado, además, fijó fecha de audiencias para recibir testimoniales los días 6, 7 y 8 de febrero. Concluida la etapa de recepción de pruebas, se declarará clausurado el período probatorio y la causa quedará en condiciones de recibir los respectivos alegatos de las partes: primero la acusación y luego la defensa. El Senado fijó ayer que para garantizar el debido proceso se aplicarán las reglas contenidas en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial; para la producción de pruebas, las reglas del Código Laboral; y para la audiencia, el Código Procesal Penal. En su defensa, Chiara Díaz ofreció 20 testigos. Entre ellos, se encuentran el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. También a los vocales del STJ, Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Leonor Pañeda. Y, entre otros, a uno de los jueces que juzgó a la primera junta militar de la dictadura, el exministro de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra
La acusación
La acusación contra el juez Chiara Díaz, que derivó en la suspensión en su cargo, partió de la presentación del abogado Carlos Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador y se amplió a partir de la prueba colectada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Diego Lara (Frente para la Victoria). Se le reprocha al juez “mal desempeño” por incurrir en las siguientes faltas: a) haberse ausentado excesivamente a cumplir su labor en el STJ, “dificultando la consecución del quórum” para alcanzar los acuerdos del máximo tribunal; b) utilizar las licencias para actividades no permitidas, como dictar clase, asistir a cursos o conferencias, o “para diligencias personales”, según el texto elaborado por la comisión acusadora;
c) hacer uso de viáticos, vehículos oficiales, choferes o pasajes aéreos para “actividades no permitidas” por el reglamento del STJ, como dictar cursos, clases y conferencias o trámites personales, “argumentando falsamente otros fines sí permitidos”; d) haber percibido viáticos al mismo tiempo que los percibía de sus empleadores privados; e) haberse autoasignado viáticos, auto y chofer en fecha 23 y 24 de enero de 2014; f) haberse ausentado “autorizándose a sí mismo y sin firma del subrogante legal, en fecha 23 y 24 de enero de 2014, estando a cargo como presidente del tribunal de feria”; g) haber tomado licencia entre el 19 y el 29 de octubre de 2016 “arguyendo falsa causa”.