Se dispuso la prisión preventiva para el joven acusado de haber incendiado la vivienda de su ex pareja en la ciudad de Basavilbaso, departamento Uruguay.
Se trata de Nelson Leonardo Ponce de 37 años de edad, representado por el defensor particular, doctor Lucas Matías Vallejos, ante la causa que lleva adelante el fiscal de feria, doctor Juan Pablo Gile, subrogante de la doctora María Albertina Chichi. Ponce, fue detenido tras haber agredido a su ex pareja Ileana Churruarin en un local bailable y luego haber incendiado la casa donde ella vivía junto a tres niños de 12, 7 y 5 años, y una niña de 3, todos hijos en común entre la víctima y Ponce. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado 13, cuando el hombre se presentó en un pub de Basso donde estaba Ileana Churruarin y le propinó un golpe y empujón, para luego retirarse en su Fiat 147 a la casa de esta, donde se encontraban los hijos a cuidado de una niñera de 16 años. Ponce logró ingresar al inmueble y sacar a los niños, para luego prender fuego el interior, provocando pérdidas casi totales de los elementos y mobiliarios. Esto llevó a su detención e imputación del incendio intencional, pero además se lo acusó de haber violado una orden del juez de Paz de Basavilbaso, quien había prohibido el acercamiento de Ponce a su ex pareja y el promover actos perturbatorios o agresiones. El fiscal Gile consideró que los graves hechos están enmarcados en un caso de violencia de género y además señaló que su acción puso también en riesgo a vecinos del Barrio 80 Viviendas. El fiscal solicitó la prisión preventiva por 60 días, considerando que hay riesgos de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de que se influya en los futuros testimonios de la víctima y testigos de la causa, sumado a que se le llevará a juicio por una pena de cumplimiento efectivo. A su turno el defensor se opuso a la medida, señalando que se estaría ante una causa por daños, agregando que no hubo riesgos para terceros, ya que el incendio solo afectó el interior del inmueble, señalando que su cliente se mantuvo a derecho y se presentó en Comisaría por propia voluntad para ser notificado. Finalizando su alegato, solicitó la libertad de su cliente y de ser necesario, se le impongan medidas y reglas de conducta. Analizando los alegatos de las partes, el juez de Garantías de feria, doctor Gustavo Díaz, decidió hacer lugar al pedido fiscal, pero por un plazo menor ya consideraba que se podía llegar al final de la IPP en menos tiempo y observando la cantidad de elementos obrantes en el inicio de la causa, ordenó la prisión preventiva por 45 días.