El dirigente radical Juan Carlos Arralde, dijo «el aval político que tiene Casaretto en esta ofensiva se emparenta con el desquicio que está demostrando el kirchnerismo en su final de ciclo y Urribarri lo utiliza para diferenciarse del ala kirchnerista pura».
«En la provincia de los impuestos más caros encima se los roban». Esa fue la dura sentencia del presidente del Congreso de la UCR, Juan Carlos Arralde, sobre el escandaloso desfalco denunciada por el titular de la ATER, Marcelo Casaretto. «Entre Ríos es la provincia que mayor carga tributaria registra en relación a las provincias de Córdoba y Santa Fe de la Región Centro.
No sólo los entrerrianos sufrieron dos impuestazos en menos de 2 años, el Estado cobra los impuestos más caros y ahora nos venimos a enterar que también se los roba», se alarmó el dirigente radical, quien también especuló que «si a esto lo denunció el propio jefe de la ATER no quiero imaginarme desde cuándo está montada la maniobra fraudulenta de empleados y funcionarios con las compensaciones impositivas, que ocurre en la mismas narices de sus jefes y cuántos negocios espurios más existen en otras áreas», apuntó. Las declaraciones fueron vertidas en medio del escándalo por el fraude descubierto a raíz de la adulteración de expedientes de contribuyentes que adeudaban impuestos al fisco provincial pero no eran proveedores del Estado y se beneficiaban con compensaciones sin causa.
Precisamente la ciudad del ex convencional constituyente, San Salvador, se halla en la mira de las pesquisas judiciales por la estafa que supera los 20 millones de pesos y que involucraría a unas cuantas empresas y profesionales radicadas en la región. «El aval político que tiene Casaretto en esta ofensiva se emparenta con el desquicio que está demostrando el kirchnerismo en su final de ciclo, con un vicepresidente (Amado Boudou) sonriente al borde del procesamiento por corrupción», interpretó Arralde y relacionó este hecho con » la necesidad de (Sergio) Urribarri de diferenciarse del ala kirchnerista pura que dice representar y exhibirse como un gobernador que denuncia a sus propios empleados infieles y combate el delito de corrupción en su provincia». «Ahora tal vez se comprenda por qué razón acudimos a la Justicia para pedir concursos públicos a la hora de designar las autoridades de los órganos de control como lo manda la Constitución de Entre Ríos. Espero que el gobernador Urribarri no vuelva a violarla con una nueva designación a dedo como hizo con (Guillermo) Smaldone ahora que el Tesorero renunció por este escándalo público», cerró.