Los últimos días de 2013 estuvieron cargados de angustia y tensión con los levantamientos policiales en varias provincias y los saqueos que completaron una atmósfera densa en ese diciembre incierto. En ese escenario la joven estudiante universitaria paranaense Cintia Fabiola Víctor fue hasta el edificio de los tribunales federales para presentar una denuncia dirigida a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. «Lo que le reclamaba a la Presidenta era intervenir con el peso de las fuerzas a las provincias afectadas» y le imputaba los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo por no haberlo hecho explicó en diálogo con Página Judicial.
Durante el conflicto hubo 18 personas fallecidas tres en Entre Ríos y cientos de heridos en todo el país, aunque las cifras no son oficiales. El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, se declaró incompetente y remitió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6 de Buenos Aires, que estaba en turno al momento de la denuncia. El argumento fue que el deber infringido, es decir, el no envío de fuerzas nacionales a las provincias, sólo podría haberse producido en el despacho que la Presidenta tiene en la Casa de Gobierno, en la calle Balcarce 50 de la Ciudad de Buenos Aires. A dos años del hecho la denuncia duerme en un cajón a la espera de de ser desempolvada y generar novedades.