Diputados sancionó por mayoría el proyecto que lo habilita a las contrataciones directas tanto en obras como en otros rubros que faciliten los preparativos y realización de la Cumbre del Mercosur, en Paraná.. También, tras un arduo debate, quedó aprobado, por mayoría, el proyecto de narcomenudeo que volverá, con cambios, al Senado.
Diputados sancionó por mayoría el proyecto que lo habilita a las contrataciones directas tanto en obras como en otros rubros que faciliten los preparativos y realización de la Cumbre del Mercosur, en Paraná.. También, tras un arduo debate, quedó aprobado, por mayoría, el proyecto de narcomenudeo que volverá, con cambios, al Senado.
Psraná.(RN). La Cámara de Diputados sancionó este miércoles dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo: Uno, que lo habilita a eludir las licitaciones e ir por el camino de las contrataciones directas, para todo tipo de actividad inherente a los preparativos para la Cumbre del Mercosur que sesionará en Paraná, en diciembre que fue aprobado por el oficialismo y duramente cuestionado por toda la oposición.
También, y tal como lo adelantó RecintoNet, aprobaron con los votos del oficialismo y de la UCR como el de Bargagna el proyecto de ley que propone la adhesión a la Ley 9.783 de estupefacientes y se adhiere parcialmente a la Ley Nacional 26.052 referida a control de delitos de narcotráfico que volvió a fustigar el diputado oficialista Albornoz y que rechazaron, también, el socialista Lisandro Viale y el diputado Enrique Fontanetto del FAP, que reclamó «ir contra el narcotráfico en vez del narcomenudeo. La sanción de la ley se dio sin que se involucrara a Eduardo Lauritto que es el ministro de Educación, Deporte y Prevención de las Adicciones.
En el debate, la diputada Rosario Romero (FpV) marcó que «con toda modestia y humildad el Ejecutivo quiere hacer un aporte para combatir este delito» que – aseguró- afecta mayormente a jóvenes» al tiempo que precisó que lo que se persigue es el traficante y no al consumidor al que- diferenció- debe tratárselo. «Estamos tratando de cerrar y disminuir el enorme flagelo de nuestros barrios. Queremos atacar la red delictiva que asola a nuestros menores», sintetizó luego de poner en el recinto cifras que muestras el crecimiento exponencial del consumo y del delito. «Es una modesta herramienta que no va a solucionar el problema de fondo, pero sí va a aliviar el problema de muchas familias», dijo no sin antes admitir que en la lucha contra el narcotráfico «el Estado va en carreta, mientras que la venta va en un jet», comparó.
Dsede a oposición, María Emma Bargagna (FAP) adelantó su voto positivo pero marcó diferencias con el texto. «No existen en la provincia instituciones que traten a un adicto. Esta ley es una porción muy pequeña de lo que puede hacer el estado en la lucha contra el narcotráfico», reprochó y planteó sus dudas con el quehacer policial.
Juan José Albornoz (FpV), que ha cuestionado el texto, tal como lo reflejó RecintoNet, dijo que el proyecto trata de hacer operativa una adhesión ya existente «que suspendió Jorge Busti», refrescó. Luego lamentó que no hubo tiempo para escuchar voces sobre la inconveniencia de fragmentar la actividad. Y, advirtió que la ley «es un pasito» y no «la lucha contra el narcotráfico que prometen algunos con títulos ampulosos» criticó, no sin antes marcar que probablemente la sanción dificulte aún más la acción contra el consumo y nacotráfico, arguemento que ilustró con artículos periodísticos que daban cuenta de ese aumento y realzó con preocupación el poder que se le otorga a la policia a partir de esta sanción.
Sobre los cambios para narcomenudeo
Los cambios que se acordaron en la comisión de Legislación deberán ser tratados ahora en el Senado que deberá ratificarlos o podrá, en cambio, insistir en su versión oroginal. El proyecto, tal como se aprobó adhiere “parcialmente” a la Ley Nacional Nro. 26.052, “asumiendo la provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el Artículo 34º de la Ley Nacional Nro. 23.737”.
En el artículo 2° incorpora “como segundo párrafo” al artículo 2° de la Ley Nro. 9.783, el siguiente: “Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.”
En el artículo 3 se aclara que “el Ministerio Público Fiscal podrá requerir al juez de garantías todas aquellas medidas urgentes tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento”.
En tanto, el artículo 4° incorpora 4° el siguiente párrafo a la Ley Nro. 9.783 “Efectivizadas las medidas urgentes, el legajo será remitido al Fuero Federal de la jurisdicción que corresponda a los fines de la continuidad del trámite”.
Las contrataciones directas para la Cumbre del Mercosur
«Es un acontecimiento que nos llena de orgullo», dijoel presidente de la bancada, Juan Reynaldo Navarro, al arrancar con la fundamentación del proyecto de ley del gobierno por el que elude las licitaciones y recurre a las compras directas para organizar todo lo inherrente a la Cumbre del Mercosur que sesionará en diciembre en Paraná.
Desde el FAP, Bargagna adelantó su rechazo al proyecto y advirtió que la norma es «inconstitucional» porque «contradice lo dispuesto por la Constitución que establece que compras y contratos que realice el Estado deben ser por licitación», repasó al tiempo que advirtió que sobraba tiempo para la organización de este evento. «El Ejecutivo tiene los resortes, por qué nos manda esto a nosotros», inquirió la diputada acusando al gobierno por buscar la complicidad de la Legislatura. «Esto es darle un cheque en blanco al gobierno», afirmó la diputada que no pasó por alto «el complejo momento económico que pasa la provincia».
Para Albornoz, en cambio, se apoyó en la «magnitud» de la Cumbre para empujar el proyecto mientras que Claudia Monjo (FR) cuestionó el texto y pidió que se utilicen los organismos de control para monitorear los gastos de este proceso.
Viale y Antonio Alizegui, votaron con el oficialismo.
Desde la UCR, Julián Rubio, reclamó que al menos se haga un esbozo de lo que se piensa gastar y planteó la necesidad de ser cuidadosos con el gasto público.»Queremos tirar la casa por la ventana?, preguntó el diputado que pidió que se tenga en cuenta que son los fondos de la provincia y del Estado nacional, dijo para dejar abierto un debate sobre la posibilidad o no de preveer estimaciones para el gasto en función del escaso tiempo que resta para la Cumbre. Para cerrar, Daniel Ruberto, del Frente para la Victoria, pidió a la oposición «ver más allá de las narices» para poner en valor el significado que tendrá la Cumbre para la ciudad y la provincia.
Qué dice el proyecto
El proyecto de ley del Ejecutivo que deberá tratar luego el Senado pide declarar de interés provincial la XLVII Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), a llevarse a cabo en Paraná y faculta al Ejecutivo “a utilizar el procedimiento de contratación directa para la ejecución de las obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros, y en general para toda compra y/o todo otro acto y/u operación que resulten necesarios para la realización de los distintos eventos que se efectúen y/o resulten inherentes al ámbito” de la cumbre.
Además, el proyecto al que accedió Recintonet, faculta al Ejecutivo a que, “en el caso que éste lo considere conveniente, a formalizar acuerdos y/o convenios de colaboración con cámaras, colegios, entidades privadas, personas físicas y/o jurídicas, entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales, con suficiente experiencia y solvencia técnica, las que por sí, o a través de la contratación de terceros, estén dispuestos a aportar sus servicios, asumiendo el compromiso de ejecutar los trabajos y/o provisiones que se le encomienden en el marco del Contrato que formalizarán en oportunidad de resultar adjudicatarios de la obra y/o suministro de que se trate”.
Asimismo, el proyecto indica en su articulado que “cuando razones de conveniencia así lo justifiquen, la autoridad competente podrá autorizar anticipos o adelantos financieros al contratista y/o proveedor, los que se amortizarán por las respectivas facturaciones que se emitan”; y, al reglamentar la norma, se “creará una unidad operativa definiendo y estableciendo su constitución y/o funcionamiento; quedando además expresamente facultado para delegar las prerrogativas atribuidas en la presente norma, incluidos los pagos que correspondan efectuarse”.
También se faculta al Ejecutivo a “efectuar las modificaciones y/o adecuaciones al presupuesto vigente que resulten necesarias para la concreción de las operaciones”.
El artículo 7º, en tanto, indica que el Ejecutivo “a través de la unidad operativa deberá, dentro de los treinta (30) días de finalizadas las actividades de la reunión, comunicar detalladamente a la Legislatura lo relativo a las obras y/o suministros contratados”.
Por último, dispone: “Para todo asunto o cuestión relativa a la aplicación de la presente Ley que no se encuentre expresa o tácitamente prevista en su articulado, se aplicará supletoriamente la Ley de Administración Financiera N° 5140 y su normativa reglamentaria, la Ley de Obra Pública N° 6351 y su normativa reglamentaria y los principios generales del derecho administrativo, los que deberán interpretarse atendiendo especialmente a las intenciones y propósitos fijados en la presente Ley”.
Argumentos
Al fundamentar la iniciativa, el Ejecutivo destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación “ha solicitado el apoyo institucional de la provincia a fin de lograr que el evento se realice en las mejores condiciones, dando cabal muestra de la voluntad y liderazgo por la integración que caracterizan a nuestro país”. Y planteó la “necesidad de poder agilizar las acciones que permitan concretar los procedimientos necesarios para materializar el compromiso de llevar adelante el desarrollo de tan importante acontecimiento internacional. Por tal razón y atendiendo a la proximidad de la fecha de realización, se propone autorizar al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa la ejecución de obras, provisión de suministros, servicios y todo otro acto y/u operación que sean necesarios para la realización de los distintos eventos inherentes al ámbito de la citada cumbre”.(RecintoNet)