Marcaron que la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas debe estar “alejada de la influencia del poder político, a fin de evitar que los controlados condicionen o influyan sobre los controlantes”. El pliego toma estado parlamentario.
Marcaron que la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas debe estar “alejada de la influencia del poder político, a fin de evitar que los controlados condicionen o influyan sobre los controlantes”. El pliego toma estado parlamentario. Paraná.(RN). En la sesión de este martes del Senado entrerriano tomará estado parlamentario el pliego de Guillermo Smaldone, el actual ministro de Trabajo que el gobernador Sergio Urribarri propuso para presidir el Tribunal de Cuentas, luego de la renuncia de Hugo Molina, tras dos décadas frente al organismo. Smaldone no sólo es funcionario actual del gobierno, sino que es hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Juan Ramón Smaldone, único integrante del alto cuerpo nombrado por Urribarri. Antes de la sesión, ex convencionales difundieron un escrito conjunto donde cuestionan la decisión del mandatario entrerriano, a quien convocaron a “la cordura y al irrestricto respeto de la Constitución de Entre Ríos» y a los senadores provinciales a que «no convaliden un acto inconstitucional que conlleva responsabilidades no solo políticas e institucionales sino también de naturaleza penal».
Cabe remarcar que, como ya informó Recintonet, el Tribunal de Cuentas aún no fue reglamentado, pese a que en 2009 Diputados dio media sanción a un proyecto de ley, que luego fue cajoneado en el Senado, hoy con un monobloque oficialista.
Los ex convencionales Jorge Monge (UCR), Santiago Carlos Reggiardo (Partido Socialista), Carlos Claro Díaz (Partido Socialista), Américo Schvartzman (Partido Socialista) y Acevedo Miño (Recrear) firmaron el texto en el que recordaron que el presidente del Tribunal de Cuentas debe ser elegido “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en la Provincia y de las entidades representativas de las profesiones exigidas. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado», según reza el artículo 217 del texto constitucional.
En base a ello, señalaron: «En ningún caso el texto magno entrerriano autoriza a que este cargo -prácticamente vitalicio- sea llenado por la sola voluntad discrecional del gobernador. En el caso la irregularidad que afecta a los principios republicanos, la independencia de los organismos de control, y la transparencia de los actos, resulta agravada en la medida que se pretende colocar en la presidencia del Tribunal de Cuentas a quien hoy cumple funciones de ministro del propio Poder Ejecutivo Provincial». Además, recalcaron que es incongruente que quien era «un funcionario provincial» ahora sea quien tome las decisiones en el Tribunal de Cuentas. «La propuesta en sí de un hombre que proviene de las entrañas del poder administrador y del círculo áulico de la estrecha confianza del gobernador ensucia la ética de la misma designación», sostuvieron.
En esa línea, quienes firman el documento recordaron: «No solamente el texto constitucional prevé la mayor transparencia para la designación de sus miembros permanentes, sino además, el espíritu y voluntad de los constituyentes de todos los bloques que integramos la Convención de 2008 fue que la misma estuviera alejada de la influencia del poder político, a fin de evitar que los controlados condicionen o influyan sobre los controlantes. Todos coincidimos en dotar de las mayores garantías de autonomía e independencia al Tribunal de Cuentas, atento a que es el organismo que tiene a su cargo el control del manejo de todas las cuentas provinciales, municipales y comunales y la vigilancia sobre el gasto público en Entre Ríos». Y completaron: «La actitud del gobernador Urribarri atenta no solo contra expresas normas constitucionales, sino que además constituye un grave retroceso republicano en tiempos en los que la sociedad asiste azorada y casi resignada al desvío de poder, al abuso institucional y al uso desvergonzado de los recursos fiscales».