Fumigaciones: Ecologistas critican al Procurador

La coordinadora Basta es Basta cuestionó la decisión del procurador Jorge García de avalar la constitucionalidad del decreto 2239 del gobierno provincial que establece las distancias sobre fumigaciones . En un comunicado enviado a APF, la Coordinadora explicó que objetó cada prueba presentada por el gobierno “por irrelevante, parcial y desactualizada (estudios de hace 10 años atrás ya superados) debido a que sus fundamentos no aportan evidencia de rigor científico que acrediten la inocuidad de los productos usados en el campo entrerriano como tampoco la inexistencia de riesgo en salud”. En ese sentido opinó que “jamás pudieron probar que al reducir las distancias de pulverizaciones no se daña la salud humana”.

Habló de la “la gravedad institucional con la que juegan tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como la respuesta dada por el procurador general Jorge García en la cual avaló la constitucionalidad del decreto, sin analizar los daños en salud acreditados en el expediente y con la sola preocupación de que no sean violados los derechos del grupo de productores”.

En este punto sostuvo que “el procurador general tiene la función fundamental de defender al Estado en su integralidad; debe velar porque no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad entrerriana, y eso involucra en primer lugar el derecho a la vida y la salud, con mayor fuerza a los grupos más vulnerables como son nuestros niños y niñas; toda función que desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido ejercicio de la función pública”.
Respecto a la sugerencia del procurador al juez de la Cámara Civil y Comercial, Andrés Galanti, de citar en calidad de prueba de terceros no admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados, es decir los productores, el grupo ambientalista opinó: “Si el Dr. Galanti decide convocar a terceros, debiera ser para discutir lo que se trata en este reclamo judicial.
En otro tramo del comunicado, cuestionó que “tanto el Fiscal de Estado como el procurador general se esmeran en proteger solamente los intereses de los grupos concentrados cuando debieran defendernos a todos”.