El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación tras una acusación que envuelve a la administración del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19.
De acuerdo a lo que se deja planteado en la denuncia, una persona se comunicaba telefónicamente con familiares de pacientes que permanecían internados o que habían estado ingresados en el nosocomio, faltos de oxígeno por complicaciones asociadas a cuadros del virus Sars-CoV-2.
En el transcurso de ese contacto telefónico, o siendo convocados de manera presencial a la administración del hospital, aparentemente les requería dinero (en concepto de “colaboración”) por el oxígeno proveído en el establecimiento sanitario, con sumas que oscilaban entre 5 y 13 mil pesos, tanto al contado como en cuotas. Tal pedido se habría llevado adelante en forma particular, sin solicitar constancia de afiliación de los pacientes a alguna obra social para gestionar un futuro reintegro.
Firmantes de la denuncia
La denuncia apunta directamente a la persona de la administradora, a quien imputan una serie de delitos en los que podría haber incurrido: “Violación de los deberes de funcionario público” (art. 248 CP); “Cohecho” (art. 256y 259 CP); “Malversación de caudales públicos” (art. 260 y 261 del CP); y/o “Exacciones ilegales” (art. 266 CP); y/o “Administración fraudulenta”.
La presentación fue impulsada por la hija de un paciente que tuvo coronavirus, la abogada Clarisa Marano Roude, quien dirigió notas y pedidos de acceso a la información pública sobre esta presunta práctica a los ministerios de Salud y Hacienda de Entre Ríos, cuyas contestaciones sirvieron de base para llevar el tema a la Justicia.
Pero Marano Roude no lo hizo sola: la médica actualmente encargada del hogar de ancianos del hospital (Analía Fernández) y la propia jefa de Enfermería del nosocomio (Sandra Giovenale), decidieron acompañar la denuncia con sus firmas.
El contenido de la denuncia
Desde el vamos, comienza describiendo los siguientes hechos: “La Sra. Claudia Lorena Lugrin, Administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, llamó en reiteradas ocasiones a los familiares que tenían pacientes internados por COVID-19, para pedir sumas de dinero en concepto de ‘colaboración’ con el hospital, por el oxígeno que desde allí le proveían a los pacientes internados”.
Concretamente, se detalla que “la Sra. Lugrín llamaba a los familiares de pacientes internados por COVID-19, en el Hospital de Villa Elisa, mientras el paciente estaba internado recibiendo oxígeno, y los llamaba en más de una oportunidad, de manera insistente, solicitando que los familiares se presenten en la Administración, con la finalidad de pedirle dinero por el oxígeno que ocupaban”.
“Es decir –recalcan las denunciantes– que Claudia Lugrín llamaba al paciente o al familiar del paciente internado, mientras la persona se encontraba internada recibiendo oxígeno por el cuadro de COVID-19; solicitando, precisamente, una suma de dinero por el oxígeno ocupado por el paciente”.
Según consta en el documento, “la Sra. Claudia Lugrín no solicitaba datos de la Obra Social del paciente internado, ni consultaba si tenían obra social, sencillamente pedía el dinero”.
“De esta forma –prosiguen– Claudia Lugrín logró que varios pacientes y familiares de pacientes internados, le hagan el pago en efectivo”. Y, en esa línea, mencionan que “en otra oportunidad, cuando se le solicitó vía e-mail (que se adjunta) el CBU y Nro. de cuenta para que quede bancarizado, no contestó; lo que demuestra -deducen- que sólo querían el dinero en ‘negro’ y ‘en efectivo’”.
Finalmente, las denunciantes dejan planteado otro interrogante, a fin de que la Justicia investigue otras posibles irregularidades: “Solicitamos se investigue si Claudia Lugrin, Administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, le cobra a los abuelos alojados en el Hogar de Ancianos, del Hospital de Villa Elisa, el 70% de sus haberes jubilatorios y/o pensiones –incluso aguinaldo–, haciendo entrega de simples recibos informales y a mano –sin facturación–”.
Así lo confirmó desde la Unidad Fiscal de Colón la agente María Noelia Batto, quien quedó a cargo de la causa que investiga presuntos cobros por oxígeno a pacientes internados con Covid-19.
“Por el momento, puedo informar que el día 27 de mayo se recepcionó en la Unidad Fiscal una denuncia, por presuntas irregularidades en que habría incurrido personal administrativo del Hospital San Roque”.
También, dio detalles de los primeros pasos de su investigación. “Se dispuso la apertura de una causa y se ordenaron distintas medidas probatorias”, entre las cuales mencionó pedidos de informes a la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Salud de Entre Ríos, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Salud, “entre otras diligencias” que prefirió no mencionar.
“No puedo brindar más información que la dada”, respondió Batto, cuando se pretendió conocer mayores detalles. “La investigación recién comienza, y podría entorpecerse la misma”, advirtió.