«Luego de una década de crecimiento económico, el Gobierno Nacional al anunciar el Plan Progresar reconoce implícitamente el fracaso de las políticas públicas para con las y los jóvenes de nuestro país», dicen en un documento crítico. «La transferencia de $ 600 mensuales, en realidad: $480 se liquidará todos los meses, en tanto $120 se retendrá para su liquidación 3 veces al año con la presentación del
formulario de alumno regular y de materias aprobada y con las condiciones que pide el programa sólo llegará a los más postergados entre los postergados, dejando de lado a cientos de miles que lo necesitan imperiosamente. La suma es escasa, más si consideramos que en las 48 horas posteriores al anuncio, el propio Gobierno sin ruborizarse devalúo el peso en un 20% con la inflación creciente y sin que hasta ahora se conozcan las medidas necesarias para detenerla y acompañar esta ayuda».
«Según estudios de organizaciones no gubernamentales y sobre la base de datos no difundidos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan son 750.000, un 15 por ciento del total de la población de 18 a 24 años, siendo la incidencia mucho más elevada en la población femenina, la tasa es de 23 por ciento entre las mujeres y de 8 por ciento entre los varones. No obstante, los problemas persisten entre las y los asalariados jóvenes: la informalidad trepa al 54 por ciento, contra una tasa que para el universo total de esos trabajadores es de 33 por ciento. Si se mira la población joven total, quienes ocupan puestos de baja calidad son 1,24 millones, un 25,4 por ciento». «Es en este contexto que valoramos el Plan Progresar en su justa medida. Es decir, como un pequeño intento en un mar de problemas que este Gobierno ha generado y se ha negado sistemáticamente a admitir y por ende solucionar. Pequeño, porque comprometería en el mejor de los casos el 1% de lo que va a recaudar el Estado este año. Intento, porque es muy incierto el impacto que pueda tener al no estar planificado ni coordinado por los tres niveles del Estado.
A su vez, al no darle jerarquía de Ley queda en un beneficio y no en un derecho, mostrando a un Gobierno que niega la dimensión de la política en el sentido de la generación de consensos». «Desde el Gobierno Provincial dicen esperar la repercusión del plan en nuestro territorio, nosotros les decimos que dejen de esperar repercusiones y reclamen los fondos que le corresponden a nuestra provincia por la ley de coparticipación. Las Juventudes Socialistas de Entre Ríos esperamos que el Gobierno Nacional se ocupe de estos problemas porque significaría un cambio en lo que vino haciendo en estos 11 años: si estos son hijos del neoliberalismo, etapa en la que la mayoría de los integrantes del Gobierno fueron destacados protagonistas, debemos recordarle a la Sra. Presidenta que pasaron la segunda mitad de su vida (en la que debieron estar estudiando o trabajando) bajo gobiernos Kirchneristas. Y que después de 10 años de crecimiento económico, no hemos encontrado la senda del progreso para conseguir trabajo genuino ni condiciones para estudiar dignamente», finaliza el documento.