El presidente del CGE, José Luis Panozzo, junto a los vocales Gastón Echepare, Rita Nievas y Marcela Mangeón, emitieron la circular N° 11 en la que dejaron establecido que la baja de categoría operará para las casi 140 escuelas que perdieron matrícula, recién en el ciclo lectivo 2017 y no antes.
La marcha atrás se dio en medio de durísimos cuestionamientos desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Incluso, dos seccionales, Paraná y Uruguay, pidieron su renuncia. En el marco de la recategorización –una medida que se apoya en una resolución de la década de 1990, cuando regía la Ley Federal de Educación—las escuelas bajan o suben de categoría, según aumenten o pierdan categoría. La mayoría de las escuelas perdió alumnos, y por eso 136 bajarán de categoría, con la consecuente pérdida de cargos. Los cálculos hechos por Agmer señalan que se perderán 450 cargos.
Ahora, Panozzo dispuso considerar «la continuidad pedagógica de los alumnos del nivel primario de nuestro sistema educativo», y por eso ordenó que «a partir del 1° de septiembre sólo se deberán iniciar los trámites administrativos, formato papel, no en el Sage (Sistema Administrativo de Gestión Educativa), relacionados con la categorización de los establecimientos educativos». Y consecuentemente, la toma de posesión de cargos que se suprimen en una escuela y se reubican en otra, ocurrirá también en el ciclo lectivo del año próximo y no antes.
La medida llega en medio de una discusión que ha llevado ya varias acciones de los gremios docentes, incluida las programadas para hoy y mañana.
Rechazo gremial
La entidad gremial que agrupa a la mayoría de los docentes entrerrianos cuestionaron duramente la resolución firmada por el presidente del CGE, José Luis Panozzo y sus vocales políticos. “Es un claro y evidente instrumento de ajuste y recorte en Educación. Son más de 100 las escuelas afectadas por esta decisión y casi 350 cargos docentes que sufren el ajuste llevado adelante por Panozzo y Gustavo Bordet. Este Gobierno provincial ha decidido que la educación pública será una de las variables de ajuste que les permita cumplir con las recetas de achicamiento del Estado que les ordena el Gobierno nacional”.
“El nuestro no es un reclamo sectorial. Lo que está en riesgo es mucho más que la pérdida de cargos y las fuentes laborales de los trabajadores docentes. El gobierno provincial está renunciando, nada menos, que al derecho social a la educación con igualdad, inclusión, integración. El para todos de la educación es lo que se elige abandonar en pos del ordenamiento financiero de las cuentas públicas”, señalaron.