Se prorrogó hasta el 22 de octubre la apertura de sobres de la licitación para las obras de pavimentación. Se trata de una nueva alternativa para solucionar un tema que siempre ha costado caro a los vecinos. Desde el Muniobras, en la década de los años 90, a la fecha, pasando por la obra del siglo, de la
administración Bisogni, con la cual se asfaltaron más de un centenar de cuadras, las soluciones aportadas desde el municipio al tema del déficit en la red vial no ha dado más que para festejos momentáneos. Hace un par de meses se puso en conocimiento público la posibilidad de que los propios vecinos podrían acceder a diferentes planes de pavimentación, eligiendo empresas.
El problema es que cada iniciativa, a lo largo de los últimos veinte años, no ha podido consolidar un sistema de contralor que asegure a los vecinos que las obras tienen realmente la calidad que se traduce luego en el precio que pagan los vecinos por su contribución. En este sentido, el último de los planes de pavimentación, que en realidad fue de asfaltado, se transformó en un serio problema para la actual administración, que ha debido salir a reparar casi todas las calles que, por otro lado, no aguantaron más de un año de uso. En las últimas horas la comuna extendió al plazo para que las empresas interesadas en el nuevo sistema puedan adquirir el legajo técnico en Tesorería, cuyo monto asciende a 2000 pesos. La apertura estaba prevista para el pasado 30 de setiembre, pero se vendieron sólo cuatro pliegos.
Los vecinos podrán acceder a distintos programas de pavimentación, contratando directamente con las empresas que resulten adjudicatarias de la Licitación Pública. La obra se realizará mediante el sistema de contribución por mejoras, es decir que los vecinos la deberán pagar, en muchos casos nuevamente, aunque tendrán la opción de convenir el financiamiento directamente con la empresa adjudicataria. En la iniciativa no se aclara del todo quién se hará cargo de los controles de calidad de las obras, un dato clave a la hora de establecer la seguridad de que en dos años, cuando la actual administración ya no esté en el tercer piso, no haya que volver sobre el asunto y ponerse nuevamente con los gastos.