Asimismo, criticó la “escasa participación de actores involucrados, la autoridad de aplicación y el tiempo transcurrido” hasta la sanción de la norma, por lo que los datos quedaron desactualizados. Recordaron la situación por la ley de Arroz del Delta.
Asimismo, criticó la “escasa participación de actores involucrados, la autoridad de aplicación y el tiempo transcurrido” hasta la sanción de la norma, por lo que los datos quedaron desactualizados. Recordaron la situación por la ley de Arroz del Delta. Paraná.(RN). La Fundación Mbiguá cuestionó la rápida sanción por parte del Senado del proyecto de ley de Bosques Nativos, texto que tuvo media sanción de Diputados en diciembre pasado, y sancionado definitivamente en la Cámara Alta este martes, luego de una reunión en comisión con el ministro de la Producción, Roberto Schunk. Si bien la ONG destacó “la implementación de una norma que brinda protección a los bosques nativos de la provincia”, criticó tres aspectos centrales de la ley, como son “la escasa participación de los actores involucrados, la autoridad de aplicación dispuesta y, finalmente, el tiempo transcurrido desde el surgimiento de la iniciativa hasta la aprobación de una norma desarrollada en función de datos ya desactualizados”.
“Es lamentable que esto se haya producido con tan poca participación de los actores involucrados; debe tenerse presente que todas las provincias vecinas (Santa Fe, Buenos Aires, Chaco) han logrado su normativa convocando a audiencias públicas y debatiendo el texto en forma abierta, participativa y transparente; esto no se ha dado en nuestro caso, lo cual nos obliga, atento a antecedentes como la denominada Ley de Arroz en el Delta, a mirar con mucho más detenimiento los aspectos técnicos de la ley”, señaló Jorge Daneri, coordinador de proyectos de la Fundación Mbiguá. Además, el abogado sostuvo “que la legislación nacional establece la obligatoriedad de desarrollar las herramientas participativas de audiencias públicas y acceso a la información en tiempo oportuno y debidamente convocadas por los medios de prensa de mayor difusión. Y estas cuestiones que no se cumplieron esta vez”.
Al mismo tiempo, desde la organización ecologista local se recordó que en instancias de tratamiento del proyecto en Diputados se presentaron oportunamente observaciones que, como ahora se evidencia, no fueron tenidas en cuenta al menos en aspectos fundamentales. En ese sentido, según se informó a Recintonet, Diego Rodríguez, director ejecutivo de Mbiguá, puntualizó la errata de “mantener como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción y no incorporar a la Secretaría de Ambiente en la política de protección del Bosque Nativo”. Y en la misma dirección precisó: “Nos parece un error en tanto que la agenda verde y de áreas naturales protegidas debería estar en ésta última cartera y no en Producción ni en Turismo como se ha pretendido hacer recientemente; la delegación excesiva de facultades reglamentarias en el Poder Ejecutivo también permite, erróneamente, que se distorsione el objeto de la ley”.
En síntesis, expresaron desde Mbiguá, “no se advierte una apropiación conceptual y normativa de los lineamientos de la constitución provincial en el texto de ley” y consideraron que “todos estos puntos pudieron haberse discutido en el ámbito legislativo a través de un diálogo abierto como lo tuvo en su momento la Mesa de Protección del Bosque Nativo hasta el año 2010”.
Otro aspecto nocivo que contamina la normativa sancionada, consideró Rodríguez, es el tiempo. “En Entre Ríos una de las primeras personas que nos alertó sobre la necesidad de proteger el bosque fue el ingeniero Juan de Dios Muñoz durante la última década del siglo pasado, lo que durante 2004 nos movilizó a reclamar judicialmente éste protección. Juan falleció en el 2007, la mesa de bosque nativo tuvo su última reunión en 2010 y recién podemos contar con un texto sancionado en 2014, es decir que el proceso judicial e institucional, con Reforma Constitucional en el medio, nos llevó diez años y aún habrá que esperar las reglamentaciones”, analizó el abogado. Según reflexionaron, no se trata de sopesar las demoras del Estado provincial en avanzar sobre un problema sensible, sino fundamentalmente de las consecuencias de esa laxitud: “Hay que tener en cuenta que los datos técnicos de base utilizados en la ley sancionada son los que ha desarrollado la UNER y el INTA en 2009, es decir que la ley toma como línea de base una realidad de hace cinco años atrás. Habrá que esperar su implementación y veremos si Charles Chaplin tenía razón cuando decía El tiempo es el mejor autor pues siempre encuentra un final perfecto”, manifestó Rodríguez.(RecintoNet)