Condenado a 10 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, pena que cumple en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, en agosto del año pasado solicitó, a través de su defensora pública oficial, que le otorguen permisos de salidas socio familiares y trabajo extramuros.
El planteo se formalizó ante el juez del Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo del Juzgado de Ejecución de Penas, Roberto López Arango. La defensora Noelia Quiroga expresó los fundamentos del pedido que había formulado; por su parte, el fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que, en el marco de la vigencia de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, resultaba necesario informar a la víctima de trata para que exprese su opinión acerca del pedido de Alfonzo, lo cual debería ser valorado previo a decidir otorgarle el beneficio al condenado. Finalmente, la joven no fue citada a una audiencia para conocer formalmente su opinión acerca del pedido realizado por Alfonzo. Al parecer, los elementos aportados en el informe del Equipo Técnico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, como del director de la Unidad Penal Nº 1, fueron suficientes para rechazar el otorgamiento del beneficio. El dictamen de los profesionales indicó que Alfonzo habría generado disturbios en áreas de trabajo y también se habían registrado quejas de otros internos por la conducta del explotador sexual. Por eso, la opinión fue negativa. Además, el juez valoró que Alfonzo pidió trabajar en el sector de la panadería del penal, que tiene un espacio de venta al público, lógicamente con salida directa a la vía pública y con reducida vigilancia penitenciaria, lo cual ocasionaba un riesgo de fuga.