Una asociación uruguayense promueve un proyecto para cambiar la norma que data de 1975 y “humanizar la fuerza”. Ya existe una iniciativa en la Cámara Baja desde 2009, pero no ha sido analizada.
Una asociación uruguayense promueve un proyecto para cambiar la norma que data de 1975 y “humanizar la fuerza”. Ya existe una iniciativa en la Cámara Baja desde 2009, pero no ha sido analizada. Paraná.(RN).La ley provincial Nº 5654 sobre el Reglamento de la Policía de Entre Ríos data de 1975, y la Asociación de Policías y Penitenciarios de Entre Ríos (APPER), que está tramitando su personería jurídica, promueve un anteproyecto de ley con 43 propuestas para modificar la norma actual, que ya fue presentado a legisladores en un acto en el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), según informaron desde la APPER a Recintonet. “Desde hace años, venimos luchando por la Democratización, Desmilitarización y Humanización de nuestra querida institución”, argumenta el texto al que accedió Recintonet. Luego, analiza la situación actual de la fuerza y realiza una historización de cómo se llegó a ese escenario. Cabe destacar, entre otros puntos, el referido al rol del policía: “Su rol de contención y represión de las cuestiones políticas y sociales fue transformando en las sucesivas décadas a nuestra institución en una fuerza distanciada de la comunidad y por estos días hasta segregada lamentablemente, en especial en los sectores más humildes donde la conflictividad social es intensa debido a la gran injusticia social por la que atraviesa el pueblo argentino. Paradójicamente debemos testimoniar, es de los mismos sectores de donde provenimos y vivimos muchos de nosotros”.
“Por supuesto que para poder formular esta impronta institucional se debió recurrir a transformar en sentido inverso al que proponemos hoy de a los recursos humanos de entonces. La feroz tarea emprendida por años con ese fin dio resultados que hoy observamos. El policía fue formado en función de ello en un distanciamiento notable con la comunidad e incluso deliberadamente de su familia a través de jornadas ilimitadas de Trabajo, que hasta hoy día se sufren. El resultado fue más que evidente, la historia lo prueba y el análisis de la realidad y las estadísticas de diferentes factores como el de enfermedades psicofísicas, suicidios, violencia familiar, etc. así lo testimonian”, remarcan desde APPER en el proyecto. Además, en la iniciativa se cuestiona con dureza la “corrupción institucional en la fuerza”.
En ese marco, plantearon desde APPER: “Creemos necesario tomar medidas de fondo, por eso planteamos una transformación y no una reforma a modo de cosmética institucional. La transformación que aspiramos sea realidad en las leyes ya ha comenzado, está en la comunidad, surge de ella, se alimenta y la sirve exclusivamente. Quienes no la vean adolecen de necedad política, de débil olfato o de promiscuidad con el sistema”.
Entre los principales puntos, cabe mencionar la “protección ante denuncias de corrupción” por el que “se asegura al policía y su núcleo familiar la protección total por su participación en denuncias de actos de corrupción en la administración pública. El Gobierno y el Estado deberán garantizarlo”; además, promueven agregar en cuanto al “carácter civil y armado al servicio de la comunidad” que “ningún policía está obligado a hacer lo que la ley no manda y no prohíba expresamente ni acatar órdenes inmorales quedando relevado del deber de obediencia en esos casos. Cuestión que asegura un refugio legal para quienes pudieran ser víctimas de abusos que tiendan a utilizar en forma indebida las atribuciones con que la ley los inviste sin distinción”. Asimismo, impulsan una nueva escala jerárquica única, y buscan “eliminar el arresto policial” y avanzar, en contraposición, en “el tratamiento integral e interdisciplinario del personal involucrado”.
En cuanto al reclutamiento del personal, proponen “regulan algunas pautas generales para esa misión como son exigencias constitucionales de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, sin que en ningún caso pueda existir discriminación alguna por razón de lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pero cumplimentando una rigurosa, estricta y pormenorizada recopilación de información tendiente a establecer la situación de cada postulante a los fines de poder seleccionarlos”. E incorporan Juntas de Admisión, que “evaluarán la situación particular de cada postulante a la vez de asumirse y compartirse fehacientemente las responsabilidades en este sentido y terminar con un mecanismo viciado de corrupción y que ha permitido el ingreso de material humano no apto por distintos aspectos”.
Antecedentes
En la Cámara Baja provincial el ex diputado José Artusi (UCR-Concepción del Uruguay) presentó en 2009 un proyecto que también proponía modificar la actual ley 5654, el que fue destacado por APPER. Pero la iniciativa, que está en la Comisión de Legislación General, nunca fue analizada por los legisladores, según consta en la información sobre el expediente. (RecintoNet)