Por unanimidad y por considerarlo atentatorio «contra la libertad de expresión y el derecho a la información», la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó una resolución repudiando el fallo de la jueza Federal Beatriz Aranguren, que afecta, entre otros, al medio digital «Diario Junio», de la ciudad de Concordia.
El proyecto fue presentado por el presidente del bloque de Senadores, Enrique Cresto, y uno de similar tenor fue impulsado en la Cámara de Diputados a través de Edgardo Jakimchuk. «El tema ha tenido una amplia difusión en la costa del Uruguay. Han sido y son numerosas las adhesiones que ha recibido el director de Diario Junio, Claudio Gastaldi, elogiando su accionar en pos de informar a la comunidad de manera esclarecedora», se indica desde el Senado.
Se recuerda también «la posición de la periodista Miriam Lewin, que fuera víctima del terrorismo de Estado en Argentina, quien recientemente visitó la capital entrerriana en el marco de las actividades por el día de la Memoria; o lo sostenido a través de un documento por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren)». Diario Junio publicó, acercando a la comunidad partes de su historia, el accionar de personas que, de acuerdo a nuestra Constitución, «no estarían calificados para acceder a un cargo público», sostienen los fundamentos que dan sustento a la Resolución. Gastaldi difundió a través de su medio, en el año 2011, que en varias páginas digitales aparecían proclamas y solicitadas en apoyo de genocidas, responsables de delitos de Lesa Humanidad. La investigación del periodista permitió a su comunidad saber la historia del general Raúl Ortíz, suegro de Julián Quevedo (que accionó contra Gastaldi). Aquél militar fue beneficiario de las leyes de punto final y de obediencia debida (declaradas inválidas e inconstitucionales), protagonista de la represión desatada en Entre Ríos por la última dictadura militar.