En el Senado provincial hay una iniciativa para regular la actividad, con media sanción. El gremio que nuclea a los trabajadores de control de permanencia pide la adhesión a la ley 26.370 pero el reclamo tampoco avanza en la Legislatura.
En el Senado provincial hay una iniciativa para regular la actividad, con media sanción. El gremio que nuclea a los trabajadores de control de permanencia pide la adhesión a la ley 26.370 pero el reclamo tampoco avanza en la Legislatura. Paraná.(RN). Vuelve a ponerse en debate la regulación del trabajo de quienes ejercen el control de permanencia en boliches, luego del asesinato el fin de semana en La Paz del ex agente de la Policía de Entre Ríos David Leal, que fue exonerado de la fuerza en 2008 y luego ingresó a trabajar en la empresa de seguridad privada de Paraná New Black. Se trata de uno de los puntos oscuros que más preocupa a los representantes gremiales, teniendo en cuenta que “por no tener personal, los empresarios contratan a policías que cumplen horas extras y se les quita tiempo de descanso”, argumentó Fernando Brugaletta, secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato Único de Trabajadores del Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra).
Desde Sutcapra a principios de año ya habían requerido que Entre Ríos adhiera a la ley nacional 26.370, vigente desde 2008, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control (conocidos popularmente como patovicas). Con esa idea y en base a lo que regula y establece la legislación, los titulares de Sutcapra, cuya sede central se encuentra en la provincia de Buenos Aires, se habían reunido con el ministro de Trabajo de Entre Ríos, Guillermo Smaldone; y el director del área laboral, Aníbal Brugna, para plantearles la necesidad de adhesión a la ley nacional.
En ese entonces, Brugaletta había marcado: “Creemos necesario que, al haber una ley nacional, la provincia de Entre Ríos adhiera, sin necesidad de tener que sancionar una ley similar. Es una actividad de reciente reglamentación y se hace necesario que las provincias adhieran para que se pueda mejorar la calidad de trabajo y reducir la informalidad laboral de las personas que realizan esta actividad”. El dirigente señaló además en esa ocasión que en la provincia: “Es numerosa la cantidad de personas que trabajan en boliches, tanto en la costa del Uruguay como la del Paraná y por eso queremos regularizar la situación”.
Como ya informó anteriormente Recintonet, el senador Oscar Arlettaz impulsó en la Cámara Alta hace un par de años un texto que trabaja en el mismo sentido, pero sólo otuvo media sanción. En ese proyecto se establecen las reglas de habilitación de este personal; se crearía un registro de las personas que desempeñan estas tareas e implementarían cursos de capacitación obligatorios para quienes trabajen o deseen trabajar como guardia de seguridad. Además, estos trabajadores tendrían que presentar certificado de antecedentes penales, no ser personal activo en una fuerza de seguridad y acreditar aptitud psicológica, se anotarían en un registro único, capacitarán en derechos humanos y estarán identificados con una credencial.
Sobre esta iniciativa, Brugaletta no dudó en considerarla “innecesaria y una pérdida de tiempo, teniendo una ley nacional que ya regula la actividad, la provincia lo único que debe hacer es adherir a esa legislación”, y defendió la norma nacional.(RecintoNet)
Ahora, en diálogo con Uno, Arlettaz descartó que la provincia vaya a adherir a la ley nacional y que se piense en la creación de una escuela de controladores. “Es imposible”, afirmó, debido al alto nivel “de costos y de organización”. Respecto del encuadramiento de la actividad el legislador sostuvo que “se vive una situación de anomia”. No obstante, el texto en el Senado tampoco avanza.