El pliego del ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, ingresó en el Senado, donde defendieron la decisión del Ejecutivo. También salió al respaldo el ministro Báez, y cuestionó a ex convencionales y particularmente a Monge. En ambos casos se escudan en la falta de una ley, pero el oficialismo es mayoría desde 2011.
El pliego del ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, ingresó en el Senado, donde defendieron la decisión del Ejecutivo. También salió al respaldo el ministro Báez, y cuestionó a ex convencionales y particularmente a Monge. En ambos casos se escudan en la falta de una ley, pero el oficialismo es mayoría desde 2011.
Paraná.(RN).La Cámara de Senadores decidió darle tratamiento al pliego de Guillermo Smaldone para que asuma como presidente del Tribunal de Cuentas, y zanjó así la discusión que se abrió por la falta de reglamentación del organismo y las críticas de la oposición que advirtió que el procedimiento es “inconstitucional”. Ahora, la propuesta del Ejecutivo tomó estado parlamentario y pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, quien será la encargada de llamar a audiencia pública, entrevistar y evaluar la idoneidad del candidato a ocupar el cargo. “Los senadores interpretaron que el requisito de concurso previo contemplado en la reforma constitucional para algunos cargos, no se puede cumplimentar en este caso en particular porque hasta la fecha no se ha sancionado la ley que establezca su procedimiento, es más, ni siquiera existe un proyecto de ley presentado en la legislatura”, justificaron los legisladores oficialistas. Una postura similar y el mismo argumento utilizó el ministro de Cultura urribarrista, Pedro Báez, pero desde ambos espacios evitaron referirse a que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras desde 2011, con un Senado monocolor, y no surgió ninguna iniciativa desde el espacio que gobierna la Legislatura para evitar llegar a esta situación actual y que, en cambio, han sancionado de manera exprés las iniciativas que ha pedido el Ejecutivo.
Este martes, la Cámara de Senadores decidió darle tratamiento al pliego propuesto por el gobernador Sergio D. Urribarri; para que el actual ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; ocupe la vacante en la presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia, tras la jubilación de Hugo Molina, quien estuvo al frente del organismo durante más de dos décadas. De los antecedentes que acompañan la propuesta del gobernador Sergio Urribarri, se puede ver que Smaldone ya cuenta con experiencia en el Tribunal de Cuentas, ya que se desempeñó allí entre 2008 y 2011 como fiscal de cuentas, además de haberse desempeñado en diferentes organismos, tanto provinciales como nacionales, pasando por los tres poderes del Estado. Por otro lado, se puede ver que ha realizado estudios de posgrado en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Sin embargo, en ninguno de los casos accedió por concurso al cargo.
Durante la sesión, los senadores interpretaron que el requisito de concurso previo que previó la reforma constitucional para algunos cargos no se puede cumplimentar en este caso en particular, porque hasta la fecha no se ha sancionado la ley que establezca su procedimiento, es más, ni siquiera existe un proyecto de ley presentado en la Legislatura. Este caso es idéntico a otros similares en los cuales el Senado interpretó que la ausencia de una ley reglamentaria no puede implicar un obstáculo para que se cubran las vacantes de organismos tan importantes para el normal funcionamiento del Estado. Lo contrario, afirmaron en el recinto, implicaría darle a una supuesta Legislatura opositora la posibilidad de frenar la cobertura de todas las vacantes, sencillamente al no sancionar una ley.
Los senadores no mencionaron, en cambio, que cuentan con l amayoría absoluta como para impulsar y sancionar un proyecto de esa naturaleza y que la sanción exprés de las iniciativas ha sido una moneda corriente en los últimos años, toda vez que el Ejecutivo ha pedido una ley.
Qué dijo Báez
El ministro Báez salió también a defender la postulación de su par de la cartera laboral, y a cuestionar fuertemente a los exconvencionales constituyentes que rechazaron la postulación de Guillermo Smaldone. “Urribarri gobierna con la Constitución, y si no se reglamentaron algunos artículos no puede achacarse al Poder Ejecutivo esa responsabilidad”, arremetió Báez. Pero el Ejecutivo también pudo haber elevado alguna iniciativa para reglamentar el órgano en cuestión. Incluso en el artículo 281 de la Carta Magna de 2008, como disposición transitoria, los convencionales establecieron: “La Legislatura sancionará las leyes orgánicas y las reformas a las leyes existentes que fueran menester para el funcionamiento de las instituciones creadas por esta Constitución y las modificaciones introducidas por la misma. Si transcurriera más de un año sin sancionarse alguna de esas leyes o reformas, el Poder Ejecutivo quedará facultado para dictar, con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales. Dichos reglamentos quedarán sin efecto con la sanción de las leyes respectivas que producirán la derogación automática de aquéllos”.
Según Báez “no se incumple ninguna prerrogativa constitucional, ya que sí se cumple lo normado en el artículo 175 inciso 16: corresponde al Poder Ejecutivo ‘nombrar, con acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal de Cuentas’, ni lo que prevé el artículo 103 inciso 2: corresponde exclusivamente al Senado ‘prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo, en audiencia pública previa difusión del propuesto y de sus referencias personales, para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas’. Y menos todavía el artículo 214 que fija los requisitos que Guillermo Smaldone supera holgadamente”.
Para el Ministro, lo sustancial es que “la nueva Constitución mantuvo la facultad otorgada históricamente al Poder Ejecutivo para designar al presidente del Tribunal de Cuentas, con acuerdo del Senado; que además realizará la audiencia pública (fijada en el artículo 103), dónde se reciben objeciones a la designación y en todo caso lo discutible es la no reglamentación del artículo 217 sobre el requisito del concurso público que nunca fue reglamentado”.
“Entre los firmantes hay un diputado en ejercicio que hubiera podido presentar un proyecto y no lo hizo, no puede ser responsabilidad del gobierno esa falta, por lo que digo que Urribarri gobierna con la Constitución y las leyes vigentes. Si no se reglamentaron algunos artículos no puede achacarse al Poder Ejecutivo esa responsabilidad», aseveró en elíptica alusión al radical Jorge Monge.
Para Báez “se trata de otro de los manotazos que ensaya la oposición entrerriana organizada en este caso bajo la forma de UTE otoñal, es una unión transitoria de individualidades sin ideas comunes más que poner palos en la rueda”.
“Quieren aparecer cómo defensores de la institucionalidad, cuando en realidad están viendo cómo sobrevivir políticamente hasta las elecciones de 2015. En realidad lo que quieren es paralizar las decisiones de un Gobierno que atiende las necesidades del conjunto y no expresiones minoritarias”, finalizó el ministro que no explicó, para el caso, por qué frente a la premura de la designación el oficialismo no completó la sanción de la ley que ya existe o giró una nueva para cumplir con la manda constitucional. (RecintoNet)