La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) volvió a quedar expuesta por el manejo de sus fondos, a través del informe “El estado del Estado”, informe de la Presidencia de la Nación sobre el estado de la administración pública tras la “herencia” recibida del kirchnerismo.
El informe que lleva por título “El estado del Estado”, consta de 223 páginas y se trata de una especie de auditoría que se nutrió de los informes elaborados por todos los ministerios y la Sindicatura General de la Nación sobre el estado de la administración pública. Contiene graves denuncias, aunque no está acompañado con pruebas documentales, pero en la misma introducción aclara que se trata de “una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo a lo largo del año”.
La UNER
En el caso de la UNER tiene una mención especial cuando se habla de ciertos desmanejos presupuestarios: “Corrían por cuenta de universidades nacionales gastos corrientes de otras dependencias del Estado. Por ejemplo, el auto del ministro de Salud estaba contratado por la Universidad Nacional de Entre Ríos”. Esto había sido revelado en marzo por el sitio paranaense Página Judicial y significó una denuncia penal contra la universidad por sospechas de corrupción en el manejo de los fondos de programas nacionales.
La denuncia planteaba una serie de irregularidades en la administración de fondos que recibía la universidad en el marco de los convenios firmados con el Ministerio de Salud de la Nación. Concretamente, se investigaba la compra de siete vehículos sin asignación presupuestaria, sin autorización ni control del Consejo Superior. El mecanismo habría consistido en la “triangulación” de contrataciones y compras de bienes para el Ministerio por intermedio de la universidad para evitar controles legales.
Caso dormido
Los siete vehículos en cuestión fueron registrados a nombre de la universidad e inscriptos en el Registro de la Propiedad del Automotor Número 1 de Concepción del Uruguay, pero que nunca fueron utilizados por dependencias de la academia, salvo dos de ellos. En cambio, el rector Jorge Gerard habría concedido autorizaciones a personas que no son empleados de la universidad autorizándolos a conducirlos. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de multas que debió abonar la universidad por infracciones de tránsito cometidas en distintos puntos del país.
La denuncia tuvo un fuerte impacto puertas adentro de la universidad y arreciaron las críticas hacia la gestión de Gerard, quien se vio obligado a ordenar una auditoría interna sobre la Oficina de Vinculación Tecnológica, que es el organismo que administra los fondos que recibe la universidad por los convenios con organismos nacionales. Sin embargo, un mes después de la denuncia, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dispuso el archivo de las actuaciones, por pedido de la fiscal Milagros Squivo.