El 7 de enero de 2014 un puente en mal estado, construido en 1867 para comunicar Concepción del Uruguay con Colonia Elía, fue embestido por un chofer municipal. El trabajador manejaba un camión cargado con operarios del basural de Talita. Rocío Lorena Quinteros, de 26 años, murió aplastada por las vigas de hierro que se desplomaron sobre el móvil de la comuna.
Cuatro años antes, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia había realizado una inspección sobre el basural, donde no sólo verificó la existencia de trabajo esclavo, sino también de menores. Pero la Justicia no tomó medida alguna. Era lógico entonces que entre los accidentados cuando el puente cedió en 2014, hubiera adolescentes de 16 y 17 años. Ayer, un grupo de dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Federación de Cartoneros y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), viajaron a la ciudad, donde junto a los trabajadores locales, llegaron hasta la explanada del Centro Cívico a manifestar por la situación que aún viven quienes trabajan en el reciclado de residuos. A primera hora, los manifestantes lograron reunirse con autoridades municipales de segunda línea, quienes les pidieron tiempo para evaluar el suceso. Más tarde comenzaron a ingresar a la planta baja del edificio, donde permanecieron un par de horas. Cerca del mediodía y luego de una movilización inusual de casi un centenar de efectivos policiales uniformados y no menos de treinta de civil, los manifestantes comenzaron a ver cómo se vaciaban las instalaciones.
Entendieron que la charla con los funcionarios sólo había servido a éstos para ganar tiempo. En el tercer piso, un pequeño grupo fue recibido nuevamente, pero no lograron su objetivo de hablar con el Intendente Schepens. La Justicia ordenó el desalojo a media tarde y los demoró a la salida para identificarlos. El peso de los titulares cargó las tintas sobre los manifestantes foráneos, pero la cronología debiera incluir el estado calamitoso en que se trabaja en el reciclado. Sin agua ni baños en las cercanías del lugar, realizan su tarea a la intemperie, sin asistencia médica ni enfermería. Tampoco una ART cubre los riesgos diarios. Desde que murió Rocío Quinteros, se los lleva en colectivo y, según han denunciado a los medios, dos personas de fluido contacto con el Ejecutivo, están al frente del proyecto de reciclado. Son juez y parte. Pagan la labor de los trabajadores a criterio y racionan el agua de los dispenser porque sale cara. Cosa innegable. Pero es agua. La magistrada que ayer presurosa acudió al llamado del poder político, quizá pueda darse una vuelta por el basural, para ver si es que todos los operarios mienten, más allá de que la interna peronista hace de la bestia magnífica una obsesión. Jorge Busti suele decir que a los muertos siempre los pone el peronismo. Los trabajadores saben que, en realidad, son ellos los que terminan pagando la cuenta.