Un grupo de trabajadores del Basural de Talita, acompañados por delegados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Federación de Cartoneros y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) reclamaron en el Centro Cívico ayer por la mañana.
Cerca del mediodía la situación se volvió tensa, hubo violencia y decenas de policías se apostaron en las afueras del municipio. En horas de la mañana de ayer, un grupo de personas compuesto por trabajadores del basural de Talita y con apoyo de gente llegada de Buenos Aires pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Federación de Cartoneros y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ingresaron al Edificio Municipal y con gritos, golpes y patadas en las puertas de las distintas oficinas pretendieron hacer oír su reclamo laboral referido a los recicladores que prestan servicio en la Planta de Tratamiento de Talita.
Los trabajadores tomaron la planta baja del edificio del Centro Cívico exigiendo que el gobierno municipal reconozca a una cooperativa que conformaron un grupo de 50 recicladores, más el pago de un sueldo de 2 mil pesos y condiciones dignas de trabajo. Los trabajadores habían comenzado a concentrarse en la explanada del Municipio alrededor de las 7 de la mañana hasta que, cerca de la hora 11, decidieron irrumpir en el edificio, lo que hizo que los empleados municipales que se encontraban allí interrumpieran con su labor. Fueron horas de tensión, porque mientras en las dependencias de las autoridades la solución política no llegaba, en la planta baja los trabajadores aseguraban que la policía se aprestaba a reprimir. Ante esta situación, se dio la orden de que los empleados municipales desalojaran la planta baja, pasadas las 11 de la mañana, y se pudo ver al Contador Fernando Picart cerrando las cajas de pago que funcionan allí, al tiempo que retiraba a los trabajadores, algunos muy asustados. Con el correr de los minutos la situación se tranquilizó, pero los cartoneros permanecieron en el lugar, dialogando con los medios y esperando una reunión con el Intendente. Esto finalmente no sucedería.
Los reclamos
La cooperativa que busca el reconocimiento oficial lleva el nombre de Rocío Quinteros, en recuerdo de la trabajadora del basural que murió trágicamente en el hecho ocurrido en el mes de enero en el Puente de Fierro. Asimismo, en la protesta estuvieron acompañados de representantes de Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, que pertenece a la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Hugo, uno de los trabajadores de Talita, expresó durante la concentración: «Queremos que el intendente nos firme un aval reconociendo a la cooperativa y un sueldo de 2 mil pesos, actualmente cobramos mil pesos y para nosotros eso no es nada». Además, señaló que la cooperativa está conformada por 50 trabajadores. Por su parte, Nicolás, representante de la Federación, sostuvo:
«Nosotros contactamos a los compañeros de Concepción del Uruguay cuando murió Rocío Quinteros, que lo único que hizo fue revelar las pésimas condiciones en que trabajaban los compañeros. Nosotros vinimos a colaborar, ya habíamos estado en el Municipio y se pidió a las autoridades que presenten un contrato donde se reconozca el trabajo de los compañeros. No sólo monetariamente sino también con un monotributo, una obra social, un uniforme, zapatos de seguridad, guantes para que se puedan proteger. Después de esa promesa mentirosa, los compañeros están trabajando hoy en día por mil pesos y si faltan les descuentan los días. Los compañeros hacen un trabajo por el medio ambiente, son trabajadores como cualquier otro y su derecho es como el de cualquier ciudadano que hoy tiene un sueldo y puede sentarse a comer con su familia. Queremos que se reconozca la cooperativa que armaron los trabajadores y no la cooperativa que inventó el municipio para desviar la plata».
Interviene la Justicia
Cerca de las 15 horas, se hicieron presentes en el Centro Cívico el delegado judicial, junto a las autoridades policiales y dos testigos civiles, que dieron lectura a viva voz de la orden de abandonar el edificio, previo a ordenarse el desalojo por la fuerza pública. Juan Martín Carpenco, un uruguayense radicado en Buenos Aires y voz cantante de los cartoneros, se negó a firmar la notificación y dialogó con la prensa presente, adelantando que se iba a proceder al desalojo pero advirtió continuarán con el reclamo. Autoridades policiales con una importante cantidad de efectivos apostados, controlaron la salida de estas personas, las que fueron acompañadas hasta el micro que los levaría de regreso, señalándose que serían custodiados por un móvil hasta la salida del departamento y así sucesivamente, hasta abandonar la Provincia de Entre Ríos, preciamente fueron detenidos en Comisaría Segunda donde se realizó la identificación de todos los manifestantes para luego continuar el retorno.
El jefe de la Departamental Uruguay, comisario mayor Mario Leiva, dijo estar conforme con el final, asegurando que no se deseaba reprimir de ninguna manera, más allá de que si la orden de desalojo se daba, iban a cumplir con su deber. «Afortunadamente todo concluyó sin necesidad de intervenir, lo que hubiera llevado a que pudiera a haber heridos, tanto del personal policial, como de los manifestantes. Sin dudas lo sucedido es grave, ya que es impensado que vengan de afuera y ocupen un municipio como se hizo. Tenemos identificados a los cabecillas y seguramente la Justicia actuará en consecuencia. Este incidente demandó tener apostado a un importante número de efectivos y móviles, tambien obligó al desalojo del personal municipal, perjudicando a quienes debían hacer sus trámites y generó preocupación y tensión, por lo que seguramente se seguirá con la investigación. Como dato se sumó a última hora la confirmación de que el transporte pertenecía al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Análisis de la noticia
Los concejales estaban todos, o casi, en el cuarto piso. Leonardo Blanc y Juan Scelzi bajaron por las escaleras, obligados por la ocupación que la policía había hecho de los ascensores. Ninguno de los dos pareció interesarse por la situación que se vivía en la comuna. Sólo un grupo de periodistas dialogaba con los manifestantes. En un improvisado escritorio algunos militantes de La Cámpora intentaban saber de qué se trataba, aunque ya habían tuiteado que la organización del escándalo en el Centro Cívico venía de la Ciudad de Buenos Aires. Respiraron tranquilos. Eran de alguna corpo. Fuera de la anécdota, la edila Mónica Miletich fue la única que se acercó a dialogar con los manifestantes. Desconocía gran parte de la situación, por lo que anotaba en su agenda los detalles. Escuchó con asombro dos nombres: Federico y Pablo, pero nadie supo decirles los apellidos.
Según los trabajadores, son los que regentean el tema del pago y los movimientos en el basural. «Queremos que nuestra cooperativa sea la encargada», pero los funcionarios pretenden «que Federico y Pablo la manejen». Más allá que eso sea o no posible, habla a las claras de la forma en que se baja la información sobre este tipo de organizaciones sociales. En una cooperativa cada integrante vale un voto y es la asamblea la que decide. De manera que en la práctica es muy difícil que sólo dos personas manejen la estructura, si todo funciona a derecho. Pero además, no hay en este grupo de personas quien determine su salario, porque se les paga absolutamente en negro. Son trabajadores marginales y, en consecuencia, fuera de registro para los controles estatales. El titular de los Municipales, Mario Barberán, también recorrió los pasillos, pero no cruzó palabra con los manifestantes. Muchos de ellos pueden terminar siendo compañeros de trabajo, como ocurrió no hace mucho.